El Gobierno de Canarias asegura haber emitido 57.184 resoluciones durante la legislatura. Las islas no capitalinas realizan las valoraciones dentro del plazo legal de 180 dÃas, mientras que la reducción de la lista de espera alcanza el 68,4% en las islas capitalinas.
La valoración de discapacidad en Canarias registra una reducción del 75,5% en sus listas de espera durante la actual legislatura, según los datos anunciados por el Gobierno autonómico este jueves, 22 de octubre. La ConsejerÃa de Bienestar Social ha emitido 57.184 resoluciones y ha incorporado medidas para agilizar los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad en el Archipiélago.
El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, presentó estas cifras durante la inauguración del XX Congreso de CERMIS Autonómicos, celebrado en el Museo Elder de la Ciencia y la TecnologÃa, en Las Palmas de Gran Canaria.
La mejora de la valoración de discapacidad en Canarias se produce en un contexto de reorganización de los equipos técnicos, descentralización de los procedimientos y utilización de nuevas herramientas administrativas. No obstante, el Ejecutivo no detalló en su comunicación cuántas personas continúan actualmente pendientes de valoración en el conjunto del Archipiélago.
La valoración de discapacidad en Canarias reduce sus listas de espera un 75,5%
El Gobierno autonómico atribuye la disminución de las listas de espera al incremento de la actividad administrativa y a las medidas implantadas durante la legislatura.
Según los datos presentados por Francis Candil, se han emitido 57.184 resoluciones de discapacidad, una cifra que incluye la actividad desarrollada durante el periodo de gobierno.
Esta cantidad no debe confundirse con el número de personas que han obtenido por primera vez un reconocimiento de discapacidad, puesto que las resoluciones administrativas pueden corresponder a distintos tipos de procedimientos.
La reducción del 75,5% tampoco significa que el tiempo necesario para resolver cada solicitud haya disminuido en esa misma proporción.
Para evaluar completamente la situación de la valoración de discapacidad en Canarias, es necesario diferenciar entre tres indicadores: el volumen de expedientes pendientes, el número de resoluciones emitidas y los dÃas que tarda cada procedimiento.
La información facilitada por el Ejecutivo permite conocer la evolución porcentual de las listas de espera, pero no establece una cifra absoluta actual de expedientes pendientes para todas las islas.
Las islas capitalinas reducen un 68,4% las listas de espera
El Gobierno de Canarias también ha ofrecido datos diferenciados por territorios.
En Gran Canaria y Tenerife, las islas capitalinas, la reducción de las listas de espera para la valoración de discapacidad alcanza el 68,4% durante la legislatura.
Este porcentaje es inferior a la reducción global anunciada para el conjunto del Archipiélago.
Sin embargo, la comunicación oficial no desglosa el número actual de solicitudes pendientes en cada una de las dos islas, por lo que no permite establecer cuál presenta una mayor demora.
La evolución de la valoración de discapacidad en Canarias sigue siendo especialmente relevante en las islas capitalinas, donde se concentra una parte importante de la población y de la demanda de procedimientos administrativos.
Las islas no capitalinas realizan las valoraciones dentro del plazo legal de 180 dÃas
Una de las novedades destacadas por el Ejecutivo es la descentralización de los equipos de valoración.
Según el viceconsejero de Bienestar Social, esta reorganización ha permitido que los procedimientos se desarrollen dentro del plazo legal de 180 dÃas en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
La medida busca evitar que las personas residentes en las islas no capitalinas tengan mayores dificultades para acceder a los procedimientos de reconocimiento de discapacidad.
El cumplimiento del plazo de 180 dÃas en estos territorios constituye un avance relevante, aunque no debe interpretarse como una garantÃa de resolución inmediata.
El Ejecutivo tampoco ha ofrecido en esta comunicación los tiempos medios especÃficos de cada isla.
La descentralización de la valoración de discapacidad en Canarias pretende facilitar una atención más próxima y reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los derechos.
Prioridad para menores de 18 años en los procedimientos de discapacidad
Entre las medidas para agilizar la gestión administrativa, el Gobierno autonómico destaca las incorporadas mediante el Decreto-ley 4/2025.
Una de ellas es la atención prioritaria a las solicitudes relacionadas con menores de 18 años.
Esta prioridad resulta especialmente importante para las familias que necesitan acreditar el reconocimiento de discapacidad de sus hijos e hijas para acceder a determinados recursos, servicios o medidas de apoyo.
No obstante, el reconocimiento del grado de discapacidad no implica automáticamente el acceso a todas las prestaciones disponibles.
Cada ayuda, servicio o derecho puede exigir requisitos especÃficos, como un determinado porcentaje de discapacidad, condiciones económicas o una situación administrativa concreta.
La mejora de la valoración de discapacidad en Canarias puede contribuir a reducir las demoras en la obtención de la documentación necesaria para solicitar estos apoyos.
Canarias invierte más de 333.000 euros en inteligencia artificial para gestionar expedientes
La modernización tecnológica también forma parte de las actuaciones anunciadas por la ConsejerÃa de Bienestar Social.
El Ejecutivo informa de una inversión superior a 333.000 euros en herramientas de inteligencia artificial destinadas a mejorar la gestión de expedientes.
El objetivo declarado es agilizar los procedimientos administrativos y facilitar su tramitación.
Sin embargo, la comunicación oficial no especifica qué tareas concretas realizan estas herramientas, qué controles humanos se aplican o si intervienen en alguna fase de evaluación de las solicitudes.
Por tanto, no puede afirmarse que la inteligencia artificial determine automáticamente el grado de discapacidad reconocido a una persona.
La incorporación de estas tecnologÃas a la valoración de discapacidad en Canarias plantea también la importancia de garantizar procedimientos transparentes, accesibles y respetuosos con los derechos de las personas solicitantes.
Más de 28.000 tarjetas acreditativas de discapacidad emitidas
El Gobierno autonómico también ha informado de la emisión de 28.157 tarjetas acreditativas de discapacidad durante la legislatura.
Estas tarjetas están disponibles tanto en formato fÃsico como digital.
Su finalidad es facilitar la acreditación de la condición de persona con discapacidad en aquellos procedimientos y situaciones en los que resulte necesario.
La tarjeta acreditativa no debe confundirse con la resolución administrativa que reconoce el grado de discapacidad.
El reconocimiento se produce mediante el procedimiento correspondiente y la resolución dictada por la administración competente.
La disponibilidad de formatos fÃsicos y digitales puede facilitar la utilización de la documentación, especialmente cuando las personas necesitan acreditar su situación ante diferentes organismos o servicios.
Otras medidas de accesibilidad: bucles magnéticos y sillas anfibias
Durante su intervención, Francis Candil también presentó actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad en los servicios públicos y los espacios de uso comunitario.
Entre ellas destaca la instalación de 252 bucles magnéticos en dependencias públicas, destinados a facilitar la comunicación de personas usuarias de audÃfonos o implantes cocleares compatibles.
Asimismo, el Gobierno autonómico ha comunicado la cesión de 76 sillas anfibias a 28 municipios para favorecer el acceso al baño y el disfrute de las playas por parte de personas con movilidad reducida.
Estas actuaciones no forman parte directamente del procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad, pero se enmarcan en las polÃticas autonómicas de accesibilidad e inclusión.
¿Qué significa esta reducción para las personas que esperan una valoración?
La reducción de las listas de espera para la valoración de discapacidad en Canarias puede tener consecuencias importantes para las personas solicitantes y sus familias.
Disponer de una resolución administrativa permite acreditar el grado de discapacidad reconocido y, cuando se cumplen los requisitos correspondientes, acceder a determinados derechos, servicios o medidas de apoyo.
Entre ellos pueden encontrarse beneficios fiscales, medidas de empleo, apoyos educativos, servicios sociales y otras prestaciones reguladas por las administraciones competentes.
Sin embargo, una reducción porcentual de la lista de espera no significa que todos los expedientes estén resueltos ni que hayan desaparecido las demoras.
Para conocer la situación real del sistema resulta necesario disponer de información actualizada sobre el número de solicitudes pendientes, los plazos medios de resolución y las diferencias entre islas.
El reto de mantener la mejora y garantizar la igualdad territorial
El anuncio del Gobierno de Canarias se produjo durante el XX Congreso de CERMIS Autonómicos, que reúne a representantes institucionales y del movimiento asociativo de la discapacidad para analizar la aplicación territorial de los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas.
Durante la inauguración, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, destacó la creación de la Dirección General de Discapacidad durante esta legislatura, en respuesta a una reivindicación del movimiento asociativo.
El Ejecutivo defiende que esta estructura permite mantener un diálogo directo con las entidades y mejorar la planificación de las polÃticas públicas.
La reducción del 75,5% de las listas de espera constituye un avance relevante según los datos oficiales, pero el desafÃo continúa siendo garantizar que todas las personas puedan obtener una resolución en un plazo adecuado, independientemente de su lugar de residencia.
La evolución de la valoración de discapacidad en Canarias deberá seguir analizándose mediante datos periódicos que permitan comprobar si la mejora anunciada se mantiene y alcanza a las personas que todavÃa esperan una respuesta administrativa.
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