El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido al Gobierno, a través del ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que la nueva regulación sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas dispense una protección reforzada a las personas con discapacidad, en especial a aquellas consideradas como electrodependientes.
Así consta en el documento de propuestas relativas a la discapacidad que el CERMI ha elevado a este Departamento, en el trámite de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
El CERMI estima positivo el interés del ministerio del que es titular Óscar López por actualizar el marco regulatorio de seguridad y resiliencia de las infraestructuras digitales en un contexto de crecientes amenazas climáticas, energéticas y cibernéticas.
Sin embargo, el proyecto de Real Decreto presentado a audiencia pública adolece de un enfoque excesivamente tecnocrático que omite una dimensión esencial: la protección de las vidas de las personas con discapacidad y sus familias que dependen críticamente de estas infraestructuras para su supervivencia, autonomía y ejercicio de derechos fundamentales.
Las recientes catástrofes han demostrado que las personas con discapacidad son las primeras víctimas invisibles cuando colapsan las infraestructuras. La regulación propuesta perpetúa esta vulnerabilidad estructural al no incorporar salvaguardas específicas.
No se trata de establecer cargas desproporcionadas, todas las medidas propuestas por el CERMI son técnicamente viables con la tecnología y los recursos actualmente disponibles. A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad organizada, lo que se requiere es voluntad política para priorizar la protección de vidas sobre la minimización de costes operativos.
Las personas con discapacidad han sido durante demasiado tiempo las víctimas invisibles de las crisis (sanitarias, climáticas, tecnológicas). La regulación de seguridad nacional del siglo XXI debe romper esa invisibilidad, situando la protección de las vidas más vulnerables en el centro del diseño de la resiliencia.
