Carolina Buriticá, presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva

Bajo el lema ‘Por una educación digna, inclusiva y con recursos reales’, la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva sale este domingo, 14 de junio, a las calles de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura para reclamar más recursos e inclusión para el alumnado con discapacidad. Entrevistamos a su presidenta, Carolina Buriticá, para conocer cuál es la situación actual de las aulas canarias y sus principales demandas.

¿Qué situación viven los alumnos con discapacidad hoy en día en las aulas de las islas?

En Canarias existe una violación generalizada y sistemática contra el alumnado con discapacidad. Sabemos que hay una falta generalizada de recursos en Educación pero siempre se recorta primero en los recursos destinados al alumnado con discapacidad.

El mensaje que llega a las familias es que sus hijos con discapacidad no pueden estar en un centro ordinario. Esto va contra los derechos humanos y la Constitución española, que reconoce la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos. Parece que su condición de discapacidad es la excusa para poder sacarlos de los centros.

¿Qué consecuencias tiene esta realidad para el alumnado con discapacidad?

Lo primero es la discriminación. Estamos hablando de que son personas que sienten y que les duele que les segreguen y aparten de sus amigos. Es discriminatorio que se crea que lo único que les une al resto sea su discapacidad y, por ese motivo, les metan a todos en un Centro de Educación Especial (CEE), independientemente de sus edades, características, etc. 

Se ven en un entorno de segregación en el que ni siquiera se les está atendiendo correctamente porque en los CEE no hay un currículo académico y solo se ven tres áreas. Una es el lenguaje, otra la autonomía personal y, la última, la social, que siempre nos preguntamos cómo se desarrolla este último ámbito si están completamente aislados de sus iguales. Al final, depende de la buena voluntad del profesorado que nuestros hijos aprendan a leer y escribir o a sumar y a restar. 

Cuando nos hemos querido dar cuenta, nuestros hijos han quedado completamente expulsados del sistema ordinario y no tienen derecho a cursar primaria, ni secundaria, que en España son un derecho y una obligación que el Estado debe proporcionar.

En definitiva, los niños que se encuentran en un Aula Enclave y en un CEE no tienen aprendizaje académico y las familias nos vemos coaccionadas a entrar en este sistema. No nos dejan tomar ninguna decisión sobre nuestros hijos y creemos que hay una dictadura educativa aterradora.

¿Qué impacto tiene esta situación en las familias? 

Las familias estamos en una situación de desamparo. Se supone que vivimos en un estado que garantiza los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero resulta que no aplica para el alumnado con discapacidad, ni para sus familias. 

Si salimos este domingo a las calles es porque estamos desbordados porque se trata de nuestros hijos y nos lo han quitado todo. El sentido de nuestra vida es luchar por ellos y que puedan salir adelante. 

Además, muchas veces tenemos que recibir el mensaje de que las familias no aceptamos la discapacidad de nuestros hijos porque no aceptamos la segregación. Es decir, según la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, aceptar la discapacidad de tu hijo es sinónimo de asumir que tu hijo sobra. 

¿Cuáles son las principales demandas de la plataforma?

Lo primero es que reclamar que no hay ningún alumno que sobre y que la condición de discapacidad no es una excusa para violar derechos a un colectivo. No queremos más discriminación.

Estamos cansados de hablar de inclusión pero para que exista realmente, el alumnado con discapacidad tiene que recibir los apoyos en igualdad de condiciones. Con esto no estamos diciendo que nuestros hijos vayan a llegar al mismo punto que el resto, solo estamos reclamando que no les corten las alas, que les ofrezcan los recursos y apoyos reales a los que tienen derecho y que les dejen llegar hasta donde puedan.

Para ello se necesita más personal cualificado y más docentes de apoyo dentro de las aulas. También, más formación en el profesorado para que no se vean desbordados. Y esto tiene que correr a cargo de la Consejería, que es la que tiene la competencia en Educación, y de ninguna manera puede partir de la buena voluntad del profesorado. 

Además, se debe asegurar que son profesionales fijos que tienen que estar presentes en todos los centros educativos porque sin ellos es imposible que exista una inclusión real. 

Sobre la la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva

¿Cuándo nace la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva?

Comenzamos hace poco más de año y medio como un movimiento muy pequeño pero que poco a poco ha ido creciendo. Actualmente estamos presentes en varias islas y aglutinamos a diferentes asociaciones, federaciones, AMPAs y familias.

Empezamos dando visibilidad y reuniéndonos porque las familias llevábamos mucho tiempo luchando de manera individual. Antes de conformar la plataforma ya habíamos contactado con abogados para que llevaran nuestros casos porque llegó un punto de injusticia en que la Consejería no respondía, ni siquiera, los escritos que presentábamos a título individual. 

Por eso, hemos seguido con estas asesorías y nos hemos dado cuenta de que las acciones que tomaba la Consejería respondían a una violación generalizada de los derechos del alumnado con discapacidad, que están reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

¿Cómo ha sido el recorrido de la plataforma en este año y medio de vida?

En Canarias hay normativas que están desfasadas, que son de 2010, y llevan 16 años sin reformarse y por eso nos centramos en este aspecto. La Consejería intentó sacar adelante un decreto que no se ajustaba a la legalidad y, desde la plataforma, fuimos al Parlamento y lo peleamos. Solicitamos reunirnos con Educación, pero no quisieron, y nos vimos obligados a denunciarlo ante los órganos competentes, que transmitieron efectivamente que el decreto no se ajustaba a la legalidad y se vieron forzados a pararlo. 

Hemos estado peleando en todas esas leyes y normativas porque la Consejería no nos permite participar en el proceso. Con el Decreto de convivencia escolar, por ejemplo, tratamos de añadir enmiendas y denunciar el trato y la falta de participación. La Consejería nos había garantizado que lo íbamos a redactar entre todos pero no nos permitió trabajar en este decreto y lo sacó de manera completamente arbitraria.

También con la Ley de autoridad docente, que cuenta con muchos artículos que afectan al alumnado con discapacidad, o con la Ley de diversidad, en la que están trabajando. Esta última es especialmente importante para el alumnado con discapacidad porque regula sus derechos y, desde la plataforma, vamos a pelearla hasta sus últimas consecuencias.

¿Qué mensaje quieren hacerle llegar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con la manifestación de este domingo?

No hay transparencia por parte de la Consejería y para ellos la inclusión es seguir abriendo más Aulas Enclave. Esas aulas lo único que hacen es frenar la inclusión de las personas con discapacidad, les cortan sus alas, derechos y educación. Además, a pesar de que se encuentren en centros ordinarios, este tipo de aulas suelen estar apartadas del resto. También sus actividades no son conjuntas con el resto de alumnado sin discapacidad. Esto no es inclusión y es un modelo que trunca su futuro educativo.

Queremos que la Consejería entienda que la ley que va a sacar adelante, no puede ser de ninguna manera contraria a los derechos reconocidos de nuestros hijos. También queremos que deje de hablar de inclusión cuando se refiera a las Aulas Enclave porque no lo es.