El Gobierno de Canarias garantiza una gestión más rigurosa para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas
Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Canarias cuentan desde 2026 con un nuevo modelo de gestión más riguroso, coordinado y transparente para garantizar una ejecución eficaz de los recursos destinados a prevenir la violencia machista y reforzar la protección de las víctimas.
Así lo explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, durante la comisión de Bienestar Social celebrada en el Parlamento de Canarias.
La consejera destacó que este sistema se basa en una premisa clara: más planificación, más control, más trazabilidad y más coordinación institucional.
“No existe riesgo de pérdida de fondos en 2026 por inacción, sino un modelo consolidado que prioriza la planificación previa, el control técnico y el seguimiento continuo”, afirmó Delgado.
Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Canarias alcanzan este año una asignación total de 10.204.378,15 euros, aprobada en la última Conferencia Sectorial de Igualdad.
De esta cantidad, 9.236.454,63 euros corresponden directamente al Pacto de Estado, a los que se suman partidas específicas destinadas a asistencia social integral, atención a menores, apoyo a víctimas de agresiones sexuales, coordinación de planes personalizados y prevención de abusos en menores tuteladas.
Según explicó la consejera, uno de los pilares del nuevo sistema es el mantenimiento de un control previo mediante un documento técnico específico que establece con claridad qué actuaciones pueden financiarse, cómo deben ejecutarse y bajo qué criterios deben justificarse.
Este marco permite garantizar seguridad jurídica, evitar incidencias administrativas y asegurar que cada euro se destine correctamente a la prevención de la violencia de género.
Además, el Ejecutivo autonómico ha reforzado la coordinación técnica con el Ministerio y ya trabaja con el nuevo aplicativo estatal de gestión de fondos, lo que facilita la tramitación y reduce la improvisación en los proyectos.
La revisión de los proyectos también se realiza ahora mediante plantillas homogéneas de evaluación técnica y económica, priorizando el impacto real, la sostenibilidad y la correcta elegibilidad del gasto.
Este proceso se adapta al nuevo Pacto de Estado, que incorpora 461 medidas y nuevos ejes de actuación como la violencia vicaria, económica y digital, así como el refuerzo de la atención a mujeres mayores, rurales y con discapacidad.
Otra de las novedades destacadas es la implantación de hitos trimestrales de ejecución y justificación parcial, lo que permite un seguimiento continuo durante todo el ejercicio y evita la acumulación de carga administrativa al cierre del año.
También se ha creado una comisión de seguimiento económico que coordina al Instituto Canario de Igualdad con los órganos de intervención, tesorería y planificación para reforzar el control interno.
Los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Canarias también garantizan la continuidad de más de medio centenar de proyectos iniciados en 2025 que se vieron afectados por el retraso en la transferencia estatal.
Estas iniciativas seguirán ejecutándose durante 2026 sin pérdida de financiación ni interrupción de la atención a las mujeres.
La red de recursos en Canarias incluye centros de crisis 24 horas para violencias sexuales, recursos de acogida, atención psicológica, jurídica y social, puntos de encuentro familiar y programas de prevención en todo el archipiélago.
Candelaria Delgado concluyó señalando que el principal reto no era la falta de proyectos, sino asegurar la correcta justificación administrativa de los fondos para garantizar nuevas transferencias estatales y consolidar una red de atención eficaz y estable.
