La Confederación pide que las personas con autismo sin discapacidad intelectual y con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% puedan acceder a plazas reservadas mediante procesos especÃficos. También reclama una valoración individualizada de la capacidad funcional y garantizar la accesibilidad cognitiva durante todo el proceso selectivo.
El empleo público para personas con autismo necesita medidas especÃficas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración. Asà lo plantea Autismo España en las aportaciones que ha presentado al ministerio competente en materia de Función Pública para el futuro Real Decreto que regulará el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
La principal demanda de la Confederación es crear una vÃa o cupo especÃfico para personas con autismo sin discapacidad intelectual que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Según los datos aportados por Autismo España, solo una de cada diez personas con autismo tiene empleo. La organización sitúa, por tanto, en torno al 90% el porcentaje de personas con autismo que están desempleadas y no desarrollan una actividad laboral.
Ante esta situación, la Confederación considera prioritario mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral y, especÃficamente, eliminar las barreras que pueden aparecer en los procesos de selección de las administraciones públicas.
Un cupo especÃfico de empleo público para personas con autismo
Una de las principales propuestas de Autismo España para mejorar el empleo público para personas con autismo consiste en establecer expresamente la posibilidad de reservar plazas para quienes no presentan discapacidad intelectual y tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
La Confederación plantea que estas plazas se cubran mediante pruebas selectivas especÃficas e independientes, adaptadas a las caracterÃsticas y necesidades de estas personas.
Autismo España recuerda que el diagnóstico de autismo no implica necesariamente la existencia de discapacidad intelectual. Por este motivo, hay personas con autismo con un grado de discapacidad reconocido que no pueden participar en los procesos reservados a personas con discapacidad intelectual, aunque puedan necesitar medidas de accesibilidad, adaptaciones o apoyos durante las pruebas y posteriormente en el puesto de trabajo.
Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, directora de Incidencia PolÃtica y Social de Autismo España, señala que esta situación obliga a muchas personas a presentarse mediante el cupo general de discapacidad o el turno ordinario, «donde sus necesidades no siempre se encuentran suficientemente contempladas».
La Confederación defiende que esta vÃa especÃfica no supondrÃa equiparar el autismo con la discapacidad intelectual, sino reconocer la diversidad existente y ofrecer unas condiciones que permitan concurrir respetando los principios de mérito y capacidad.
Una valoración individualizada de la capacidad funcional
Otra de las modificaciones reclamadas para el empleo público para personas con autismo afecta al concepto de «capacidad funcional».
Autismo España considera que su regulación actual no proporciona suficiente seguridad jurÃdica porque, según la organización, se trata de un concepto amplio que puede interpretarse de manera desigual.
Por ello, propone que la futura norma establezca expresamente que la capacidad funcional debe evaluarse de manera individualizada, vinculándola a las funciones esenciales del puesto y teniendo en cuenta previamente las adaptaciones y los ajustes razonables que permitan desempeñarlo.
«Al tratarse de un concepto amplio, no delimitado suficientemente por la legislación, puede aplicarse de manera desigual y dar lugar a exclusiones basadas en la existencia de una discapacidad, en lugar de atender a la capacidad real de la persona para desarrollar las funciones esenciales del puesto», sostiene Rodrigo Gutiérrez de la Cámara.
La Confederación defiende asà que la existencia de una discapacidad o de determinadas limitaciones no debe identificarse automáticamente con la falta de capacidad para trabajar en una Administración pública.
Accesibilidad cognitiva durante todo el proceso selectivo
Garantizar la accesibilidad universal y cognitiva constituye otra de las cuatro propuestas planteadas por Autismo España para favorecer el empleo público para personas con autismo.
La organización reclama que la accesibilidad esté presente desde el diseño de las convocatorias hasta la realización de las pruebas, sin perjuicio de las adaptaciones y ajustes razonables que pueda necesitar individualmente cada aspirante.
Entre las medidas que plantea se encuentran el uso de lenguaje claro, facilitar la comprensión de los enunciados y las instrucciones, reducir estÃmulos ambientales, adaptar los espacios donde se realizan los exámenes y los tiempos de las pruebas, asà como disponer de apoyos para comprender las diferentes fases del procedimiento.
La información recabada por Autismo España entre las entidades de su movimiento asociativo señala la existencia de barreras en la búsqueda y comprensión de las convocatorias, la inscripción, la solicitud de adaptaciones, la realización de las pruebas, las entrevistas y la valoración de méritos.
Además, la Confederación indica que más de la mitad de las entidades consultadas señalan que las personas con autismo no suelen solicitar adaptaciones incluso cuando podrÃan necesitarlas.
Adaptar el puesto antes de determinar una incompatibilidad
Las dificultades para el empleo público para personas con autismo pueden continuar una vez superado el proceso selectivo, según advierte la Confederación.
Autismo España señala que entre las situaciones detectadas por sus entidades se encuentra la denegación de adaptaciones y ajustes razonables argumentando una supuesta incapacidad funcional o incompatibilidad con el puesto sin analizar previamente si la persona podrÃa desempeñar sus funciones con los apoyos necesarios.
Por ello, la organización reclama que la compatibilidad con un puesto se valore después de considerar las adaptaciones necesarias.
La Confederación sostiene que hacerlo de otra manera puede provocar que se atribuyan a la persona dificultades que tienen su origen en un entorno laboral que todavÃa no ha sido adaptado.
En este sentido, defiende que la ausencia inicial de una adaptación del puesto no deberÃa servir por sà sola para determinar que una persona es incompatible con las funciones que debe desempeñar.
Cuatro cambios para el acceso al empleo público
Las aportaciones de Autismo España al futuro Real Decreto se concentran, por tanto, en cuatro medidas: definir objetivamente la capacidad funcional y valorarla de forma individualizada; establecer un cupo especÃfico para personas con autismo sin discapacidad intelectual y con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%; garantizar la accesibilidad universal y cognitiva durante todas las fases del proceso selectivo; y valorar la compatibilidad con el puesto una vez consideradas las adaptaciones y ajustes razonables.
Para la Confederación, estos cambios permitirÃan avanzar hacia unas condiciones de empleo público para personas con autismo que tengan en cuenta tanto las caracterÃsticas individuales de cada aspirante como las barreras existentes en los procesos de selección y en los propios entornos laborales.
«Disponer de un empleo es un derecho esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo personal, la participación social y el acceso a una vida independiente», afirma la directora de Incidencia PolÃtica y Social de Autismo España.
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