El XX Congreso de CERMIS Autonómicos, que se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria, denuncia las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios, los apoyos y la justicia, veinte años después de la aprobación de la Convención de la ONU.
El CERMI advierte que el lugar de residencia sigue condicionando los derechos de las personas con discapacidad en España. Esta ha sido una de las principales cuestiones abordadas durante la primera jornada del XX Congreso de CERMIS Autonómicos, que se celebra los dÃas 22 y 23 de octubre en el Museo Elder de la Ciencia y la TecnologÃa de Las Palmas de Gran Canaria.
El encuentro, organizado por el CERMI Estatal y CERMI Canarias, analiza los avances y los retos pendientes tras veinte años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante las intervenciones se reclamó una aplicación efectiva de los derechos en todos los territorios, la reducción de las barreras administrativas y una mayor atención a las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en Canarias debido a la insularidad y la doble insularidad.
El CERMI denuncia las desigualdades territoriales en los derechos de las personas con discapacidad
Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención, ha presentado un balance de las dos últimas décadas de aplicación del tratado internacional.
Saravia ha advertido de que siguen existiendo diferencias entre comunidades autónomas en el acceso a servicios, apoyos y prestaciones.
«El código postal no deberÃa determinar los derechos, pero la realidad nos devuelve como problema el hecho de que efectivamente el código postal sigue condicionando en España el goce y ejercicio de los derechos», ha denunciado.
También ha recordado que el Comité de Naciones Unidas advirtió a España en 2019 sobre la falta de adecuación de determinadas normativas autonómicas y locales a la Convención.
Entre las principales dificultades pendientes señaló la accesibilidad universal, las diferencias en los recursos disponibles y los tiempos de espera para acceder a determinados servicios.
Canarias destaca avances en discapacidad, pero reconoce barreras pendientes
Los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. Retos pendientes y compromisos polÃticos.)
La ponencia inaugural fue a cargo de Francisco Gaspar Candil González, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.
Durante su intervención destacó la creación de una Dirección General de Discapacidad y la emisión de casi 54.000 resoluciones, que, según los datos expuestos, han permitido reducir las listas de espera un 68,4% en las islas capitalinas.
También señaló los avances en atención temprana, con once unidades en funcionamiento, la emisión de más de 28.000 tarjetas digitales de discapacidad y la reforma de la legislación autonómica de accesibilidad.
No obstante, insistió en que la eficacia de las polÃticas públicas no debe valorarse únicamente por los expedientes tramitados.
«Una polÃtica pública de discapacidad no se mide nunca por el número de expedientes resueltos ni por las leyes aprobadas, se mide también por las barreras que consigue eliminar y por las oportunidades que generamos para todas las personas», afirmó.
La justicia debe garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender y participar
El acceso a la justicia fue otro de los asuntos centrales de la jornada.
MarÃa Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de Discapacidad en Canarias, defendió la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender los procedimientos judiciales y participar en ellos en igualdad de condiciones.
«En materia de justicia no hablamos de ajustes razonables, sino de ajustes necesarios», subrayó.
Rubio Ramos destacó la importancia del facilitador procesal, el acompañamiento elegido por la propia persona y las adaptaciones que permitan ejercer el derecho a entender y ser entendida.
Por su parte, Antonio-Luis MartÃnez-Pujalte, catedrático de FilosofÃa del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, analizó la reforma del artÃculo 49 de la Constitución Española.
Según explicó, esta modificación ha permitido incorporar al texto constitucional el modelo social de la discapacidad y los principios fundamentales de los derechos de las personas con discapacidad.
Lola Padrón advierte de que las demoras administrativas pueden convertirse en «demoras vitales»
La diputada del Común de Canarias, Lola Padrón RodrÃguez, abordó las dificultades que plantea la insularidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Durante su intervención advirtió que vivir en una isla no capitalina no puede justificar retrasos en el acceso a los servicios públicos.
«La burocracia no es neutral porque afecta al ejercicio efectivo de los derechos: una demora administrativa puede convertirse en una demora vital», afirmó.
Padrón informó de que la institución gestionó durante 2025 un total de 3.572 quejas, de las cuales 381 estuvieron relacionadas con discapacidad y 448 con dependencia.
Su intervención puso el foco en la necesidad de reducir los obstáculos administrativos que dificultan el acceso a los recursos y apoyos.
El movimiento asociativo reclama documentar las vulneraciones de derechos
La vicepresidenta del COCARMI Catalunya, Mercé Batlle Amorós, y el tesorero de la entidad presentaron la metodologÃa utilizada por el movimiento asociativo catalán para registrar vulneraciones de derechos.
Según los datos expuestos, durante el periodo 2024-2025 se contabilizaron 497 denuncias y 441 propuestas, relacionadas principalmente con la accesibilidad, el transporte y la atención en los servicios públicos.
Ambos representantes defendieron que las organizaciones de personas con discapacidad deben reforzar su papel en la exigencia del cumplimiento de los derechos, además de continuar desarrollando su labor de prestación de servicios.
El CERMI reclama una legislación canaria de discapacidad
La primera jornada también incluyó una mesa de debate parlamentario sobre los retos pendientes y los compromisos polÃticos en Canarias.
Moderada por Roberto Suárez MartÃn, vicepresidente del CERMI Estatal y presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), contó con la participación de LucÃa Olga Tejera RodrÃguez, del Grupo Socialista; Raquel Noemà DÃaz y DÃaz, del Grupo Popular; Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nacionalista Canario; y Cristina Calero GarcÃa, de Coalición Canaria.
El debate abordó la necesidad de avanzar hacia una legislación canaria que garantice los derechos de las personas con discapacidad en todas las islas.
Entre las prioridades planteadas figuran la simplificación de los procedimientos administrativos, la educación inclusiva, la accesibilidad universal, la vida independiente y la creación de una ventanilla única de atención.
También se señaló la necesidad de reducir el sobrecoste económico que afrontan las familias de personas con discapacidad.
Los prejuicios dificultan la protección judicial de las mujeres con discapacidad
Los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. Retos pendientes y compromisos polÃticos.)
Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad ocuparon otra de las intervenciones del congreso.
MarÃa Auxiliadora DÃaz Velázquez, magistrada especialista en violencia de género y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, advirtió de los prejuicios que afectan a la credibilidad de las mujeres con discapacidad ante la justicia.
La magistrada señaló que estos estereotipos pueden dificultar la protección de las vÃctimas de violencia de género y agresiones sexuales.
En particular, cuestionó el modelo de «vÃctima ideal», que puede contribuir a desacreditar testimonios, infantilizar a las mujeres con discapacidad y aumentar su desprotección.
Inteligencia artificial y polÃticas insulares de discapacidad
El embajador en Misión Especial para la Convención, Jesús Celada Pérez, abordó los desafÃos internacionales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Entre ellos, señaló la crisis del multilateralismo, los recortes presupuestarios que afectan a la accesibilidad de los organismos internacionales y los riesgos asociados a la inteligencia artificial.
«Si no entrenamos a la inteligencia artificial de que existen millones de personas con discapacidad, la tecnologÃa terminará reproduciendo desigualdades y omitiendo nuestra realidad», dispuso.
Por su parte, Isabel Mena Alonso, consejera de PolÃtica Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, defendió unas polÃticas insulares que superen el enfoque asistencialista y garanticen los derechos de ciudadanÃa.
Mena destacó los avances en accesibilidad universal, transporte adaptado y empleo inclusivo, asà como la incorporación de la lectura fácil a las oposiciones públicas para personas con iscapacidad intelectual.
El XX Congreso de CERMIS Autonómicos continúa este viernes
El congreso continuará mañana con sesiones dedicadas a las buenas prácticas desarrolladas en Canarias y al papel de la Convención de Naciones Unidas como referencia para los CERMIS Autonómicos.
También se analizarán las principales dificultades para avanzar en educación inclusiva, accesibilidad universal, asistencia personal y vida independiente.
La jornada finalizará con la lectura de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, prevista como cierre de los debates sobre la aplicación territorial de los derechos de las personas con discapacidad.
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