Más de 16.000 personas tenían reconocido su Programa Individual de Atención, pero todavía no recibían la prestación efectiva a finales de marzo. De ellas, 15.028 personas, el 93,57%, figuran en supuestos cuyo motivo de exclusión no es imputable a la Administración, según recoge el propio Decreto-ley
El Gobierno podrá intervenir cuando falten plazas, existan demoras o haya desequilibrios entre islas
Las listas de espera de Dependencia en Canarias afrontan un nuevo modelo tras la entrada en vigor del Decreto-ley 5/2026, que permite al Gobierno autonómico crear, financiar, organizar y gestionar nuevas plazas y recursos cuando existan demoras, falta de oferta o desequilibrios territoriales.
Canarias ha cambiado las reglas de la Dependencia para reducir las listas de espera y facilitar que las personas que ya tienen reconocido un servicio puedan acceder realmente a una plaza o recurso.
El Decreto-ley 5/2026 introduce nuevas herramientas para agilizar la apertura y acreditación de centros y, especialmente, permite al Gobierno de Canarias crear, financiar, organizar y gestionar directamente plazas y recursos cuando los existentes sean insuficientes.
La medida puede utilizarse cuando exista falta de recursos, demora en el acceso de las personas beneficiarias, urgencia social, necesidad de garantizar la continuidad asistencial o desequilibrios territoriales.
Más de 16.000 personas con PIA pero sin prestación efectiva
Uno de los datos que explica la situación de las listas de espera de Dependencia en Canarias aparece en el propio Decreto-ley.
A 31 de marzo de 2026, Canarias tenía 71.093 personas con una resolución de Programa Individual de Atención (PIA).
De ellas, 55.032 recibían ya una prestación efectiva.
Las otras 16.061 personas todavía no estaban recibiendo la prestación reconocida.
Esto significa que aproximadamente el 22,6% de las personas con PIA aprobado seguían sin tener acceso efectivo a la prestación.
El Gobierno sostiene que el principal problema ha dejado de estar únicamente en reconocer el derecho a la Dependencia y se encuentra también en disponer de suficientes centros, servicios y plazas para hacerlo efectivo.
Estos datos muestran la dimensión de las listas de espera de Dependencia en Canarias y la diferencia que todavía existe entre tener reconocido un derecho y recibir efectivamente la prestación.
¿Qué cambia para una persona que está esperando una plaza?
La principal novedad consiste en ampliar la capacidad de intervención directa de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, buena parte de los recursos de Dependencia se articulan mediante los cabildos insulares.
Con el cambio de la Ley de Servicios Sociales, el Gobierno de Canarias queda expresamente facultado para crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos de atención residencial, centros de día, centros de noche y otros centros y servicios vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Podrá hacerlo especialmente cuando se detecten:
- Insuficiencia de recursos.
- Demoras para acceder a una prestación reconocida.
- Situaciones de urgencia social.
- Necesidad de garantizar la continuidad asistencial.
- Necesidades de cohesión social.
- Desequilibrios territoriales.
El objetivo es que la Administración autonómica pueda incorporar recursos cuando la oferta disponible no sea suficiente para atender a las personas que están esperando.
Los cabildos mantienen sus competencias
El cambio no significa que el Gobierno de Canarias vaya a sustituir a los cabildos en la gestión de la Dependencia.
La propia norma establece que la nueva capacidad autonómica se ejercerá sin perjuicio de las competencias de los cabildos sobre los centros, servicios y plazas de su titularidad, financiación o gestión ordinaria.
El planteamiento es que ambas administraciones puedan incorporar recursos al mismo sistema para contribuir a reducir las listas de espera de Dependencia en Canarias.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió ayer ante la Comisión de Cabildos que el objetivo no es crear dos sistemas paralelos, sino permitir que la Comunidad Autónoma pueda actuar cuando exista una necesidad acreditada y los recursos disponibles sean insuficientes.
El 60% de los centros y servicios de los convenios no está acreditado
Otro de los problemas que condicionan las listas de espera de Dependencia en Canarias se encuentra en la acreditación de centros y servicios.
Según los datos incluidos en el Decreto-ley, aproximadamente el 60% de los centros y servicios incluidos en los convenios de Dependencia con los cabildos se encuentran sin acreditar.
El Gobierno aclara que esto no significa que estén funcionando irregularmente o que no reúnan las condiciones necesarias para atender a las personas.
El problema se encuentra, según el Ejecutivo, en las dificultades administrativas acumuladas durante años para culminar los procedimientos de acreditación.
La acreditación es necesaria para que determinados centros y servicios puedan vincularse plenamente al sistema público.
Menos trámites para poner en marcha nuevos centros
Para intentar incorporar recursos con mayor rapidez y reducir las listas de espera de Dependencia en Canarias, la reforma modifica también el procedimiento administrativo.
La puesta en funcionamiento de centros y servicios pasa a articularse mediante una declaración responsable, en lugar de exigir con carácter general una autorización administrativa previa para iniciar la actividad.
Esto permitirá comenzar a funcionar una vez presentada la declaración correspondiente y cumplidos los requisitos establecidos.
La Administración seguirá manteniendo las competencias de comprobación, control, inspección y sanción.
Cuando un centro quiera incorporarse al sistema público mediante acuerdos, conciertos, contratos o convenios con la Administración deberá contar además con la acreditación correspondiente y cumplir los requisitos de calidad.
Acreditaciones provisionales durante un máximo de dos años
El Decreto-ley introduce otra herramienta para desbloquear la situación existente.
Hasta que se apruebe completamente la normativa que desarrollará los nuevos requisitos, la Consejería podrá conceder acreditaciones provisionales durante un periodo máximo de dos años.
El Gobierno considera que esta medida permitirá acelerar la regularización administrativa de parte de los recursos que ya forman parte de la red.
Además, los colegios profesionales especializados, particularmente los colegios oficiales de Trabajo Social, podrán colaborar mediante convenio en la elaboración de determinados informes técnicos necesarios para las acreditaciones.
La decisión final, las inspecciones y el control continuarán correspondiendo a la Administración pública.
¿Cuándo bajarán las listas de espera de Dependencia en Canarias?
No necesariamente.
La modificación legal proporciona al Gobierno nuevas herramientas para incorporar centros, servicios y plazas al sistema y actuar cuando los recursos sean insuficientes, pero no establece que las 16.061 personas pendientes vayan a recibir automáticamente una prestación ni fija un plazo concreto para atenderlas.
El efecto real dependerá de cuántas nuevas plazas y servicios puedan incorporarse, de la financiación disponible y de cómo se aplique el nuevo modelo junto a los cabildos.
La norma sí elimina una limitación jurídica importante: la Comunidad Autónoma dispone ahora expresamente de capacidad para intervenir cuando existan listas de espera, falta de plazas o demoras en el acceso efectivo.
El efecto de estas medidas sobre las listas de espera de Dependencia en Canarias dependerá ahora de su aplicación efectiva, de la incorporación de nuevas plazas y servicios y de la financiación disponible.
El reto será comprobar si esa nueva capacidad administrativa se traduce finalmente en una reducción real del tiempo que esperan las personas con una prestación de Dependencia ya reconocida.
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