Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife expresan su profunda preocupación ante la entrada en vigor del polémico Decreto de Dependencia. Bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad. Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, advierten, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales.
Una simplificación que complica a la ciudadanía
Aunque el Gobierno de Canarias presenta el decreto como una medida para agilizar los procedimientos, en la practica la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar. Esto incluye datos bancarios, de salud y de
talles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconociera algún grado de dependencia.
Pese a ser presentado como una simplificación, el decreto únicamente aligera la carga administrativa para el Gobierno de Canarias y traslada toda la complejidad y responsabilidad a la ciudadanía, que deberá completar un modelo de solicitud exhaustivo y difícil de interpretar. Estamos ante una involución de la atención pública ofrecida. Es una burocratización del proceso aún mayor para las personas dependientes y sus familias: un colectivo fragilizado, con una biografía marcada por el esfuerzo, al que la Administración pretende sumar más carga.
Esta situación obligara a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturara aún más unos servicios ya sobrecargados.
Riesgos de elección inadecuada y posible vulneración de la protección de datos
El nuevo modelo de solicitud solicita que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, sin la orientación de profesionales especializados. Esto aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situación de dependencia.
Además, el modelo solicita autorización para acceder a datos “sanitarios” y sobre “circunstancias familiares y sociales” sin especificar claramente cuales son estos datos, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultara el Gobierno de Canarias.
Desaparición del informe social y ausencia de un modelo de informe del entorno: un retroceso en la valoración de la Dependencia
El nuevo decreto, que elimina el informe social, tampoco contempla la incorporación del anunciado ‘informe de entorno’. Esta doble ausencia priva al procedimiento de valoración de herramientas esenciales para interpretar el contexto y las necesidades reales de la persona solicitante. A pesar de la inminente entrada en vigor del decreto, no se ha desarrollado un modelo normalizado que garantice una evaluación rigurosa, equitativa y centrada en la persona. Esta carencia no solo compromete la calidad del proceso, sino que contradice abiertamente las directrices del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Debilitación del derecho a una atención informada. Empobrecimiento de la atención
Uno de los aspectos más preocupantes del nuevo procedimiento es que se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoración y elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), que servicio o prestación desea recibir, sin haber tenido tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente. Esta decisión se tomará minutos después de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantías de comprensión clara de las implicaciones de cada alternativa.
A ello se suma una medida especialmente lesiva: el decreto establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada. En caso de no hacerlo en ese plazo, se perdería el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la Administración que la demora no fue imputable a la persona interesada. Sin embargo, no se aclara cómo deberá demostrarse dicha justificación ni que situaciones se considerarán como causas no imputables, generando más inseguridad y presión sobre quienes ya están en una situación de vulnerabilidad.
Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias consideramos que esta exigencia es una forma más de maltrato institucional, al forzar procesos de ejecucioón de decisiones en contextos de sobrecarga de cuidados y tensión emocional, con el único objetivo de cerrar expedientes y engrosar artificialmente las cifras de tramitación del sistema.
Aplicación del instrumento de valoración e informe de resultados en hospitales y centros sociosanitarios
Una vez más, este decreto hace responsables del dictamen–propuesta a profesionales que ya de por sí están saturados y que, en muchas ocasiones, no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoración adecuados. En el caso de tener que valorar la situación personal, familiar y social, se basara n en el análisis de la documentación aportada y no en la visita o análisis real del entorno en el que vive la persona hospitalizada.
Este nuevo decreto pone en evidencia una desconexión profunda entre la administración autonómica y la realidad de las personas en situación de dependencia y de los equipos que las atienden. No se puede hablar de mejora cuando lo que se ofrece es un procedimiento farragoso e inaccesible. No se puede hablar de protección si desaparece la mirada profesional, social y contextual.
Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias no seremos cómplices del desmantelamiento progresivo de un sistema que debe garantizar derechos, no obstáculos. Defendemos un modelo de atención a la dependencia centrado en la persona, accesible, justo y técnicamente solvente. No podemos permitir que quienes más apoyo necesitan se enfrenten a trámites imposibles.
