Natalia Cañeque, gerente de Plena Inclusión Canarias

Hace más de cuatro décadas que Plena Inclusión abrió sus puertas en Canarias. Hoy, 28 asociaciones repartidas entre Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria conforman una entidad que continúa luchando por que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las islas. Hablamos con Natalia Cañeque, su gerente, para conocer el trabajo que realizan, los cambios que han experimentado y sus reivindicaciones actuales.

“Tenemos que hacer un cambio hacia modelos de apoyo mucho más personalizados, en comunidad y basados en los proyectos de vida de las personas, en sus anhelos, metas y sueños. A día de hoy no todo el mundo puede decir que esté cumpliendo su proyecto de vida. Y ese es nuestro reto, hacer todas las acciones posibles para que eso sea una realidad”

¿Cuál es la labor fundamental de Plena Inclusión Canarias?

Plena Inclusión Canarias es la asociación de entidades que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Somos un movimiento asociativo de base familiar que defendemos derechos, prestamos apoyos y servicios a este colectivo de personas y somos agentes de cambio social en las islas.

Estamos formados por 28 entidades miembros de Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Representamos a un colectivo de unas 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia, a más de 500 profesionales y más de 280 voluntarios. Este diciembre vamos a cumplir 42 años y pertenecemos a un movimiento asociativo a nivel nacional, que nos ayuda a generar sinergias.

¿Cuál es su objetivo principal?

Nuestra misión es contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o el desarrollo, y de su familia, para que pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. 

¿Sobre qué pilares se asienta la estrategia para alcanzar este objetivo?

Para llevar a cabo ese objetivo tenemos varias líneas de actuación, que las podemos distinguir en cuatro patas: la persona, la familia, las entidades y el entorno. En cuanto a  las personas, nos encargamos del acceso a la justicia, igualdad y diversidad, accesibilidad cognitiva, ciudadanía activa, deporte, empleo, juventud, reclusos y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en situaciones de especial vulnerabilidad. 

En cuanto a familias, desarrollamos un programa de apoyo con información, asesoramiento y orientación. También conciliación familiar, que es un servicio muy valorado y siempre necesitamos más recursos para responder a la demanda. Tenemos grupos de apoyo emocional y formación a familias y profesionales. 

En cuanto al área de entidades, la formación y gestión del conocimiento son muy potentes para nuestros miembros. Si algo caracteriza a nuestro movimiento asociativo es tener unos profesionales muy válidos. Invertimos mucho en formación porque entendemos que los profesionales son los que realmente dan calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Luego se hacen pilotajes de proyectos de transformación de servicios, que se replican en otras entidades si tienen buenos resultados.

Por último, en cuanto al entorno, realizamos campañas de sensibilización y defensa de derechos fundamentales. Somos muy activos en la participación de políticas públicas, como el catálogo de servicios sociales de Canarias o el decreto de concierto social. 

¿Qué ha cambiado desde que empezó Plena Inclusión Canarias?

El movimiento asociativo a nivel nacional tiene 60 años y Plena Inclusión Canaria va a cumplir 42 ahora. Yo empecé a trabajar aquí hace 25 años y éramos cuatro personas en Gran Canaria. Hoy tenemos sede en 3 islas y somos cerca de 30 profesionales con un servicio mucho más cercano a la persona. Además, trabajamos en red y nos coordinamos mucho con otras entidades.

Después, también hay que destacar el cambio de prisma que ha habido. Tú antes trabajabas para las personas con discapacidad y ahora trabajas con ellas. Hoy son sus propias representantes, tienen voz y hay todo un movimiento de autorrepresentación a nivel nacional. Cada persona tiene un proyecto de vida con unos anhelos, unos deseos, unas ilusiones y unas metas. Nuestro papel consiste en prestar los apoyos para que ese proyecto de vida se cumpla.

¿Como asociación caminan en esta dirección?

Sí, por ejemplo, las aportaciones que hicimos en el catálogo de servicios sociales de Canarias iban muy encaminadas hacia esta dirección. Hablamos ya de viviendas en comunidad para todos los perfiles de personas, es decir, para aquellas con un nivel de autonomía muy elevado como para las que presentan una mayor necesidad de apoyo. Además de los servicios que van aparejados con apoyos personalizados para vivir en comunidad. En este sentido, todos los pilotajes que estamos desarrollando para cambiar los servicios van hacia esta meta.

¿Qué demandas tienen como asociación?

Tenemos varias reivindicaciones y podríamos estar hablando largo y tendido pero tenemos identificadas las siguientes como principales. En primer lugar, el empleo público en Canarias es una asignatura pendiente. La ley establece que el 2% de cualquier Oferta Pública de Empleo debe estar reservada a personas con discapacidad intelectual pero esto no se cumple. Y nuestra reivindicación no es solo que se respete esa cuota, sino que también el proceso de selección de la oposición sea accesible. Hay que adaptar el temario, examen y dar unos tiempos diferentes. Si no es así, no se cumplen los derechos de las personas. Sabemos de algún ayuntamiento que no lo ha hecho bien y se han quedado desiertas esas plazas teniendo gente preparada para ocuparlas. Eso es una pena.

Después, hacemos hincapié también, con el ejecutivo autonómico y los cabildos insulares, en la planificación de los servicios sociales. Lo que ocurre es que cuando las personas con discapacidad terminan su etapa educativa suelen ir a recursos como centros ocupacionales o centros de día. Pero no hay una previsión de las plazas que hacen falta y muchas personas se ven sin ningún recurso al que acudir y ven truncado su proyecto de vida. Hay casos en que han esperado hasta tres años para conseguir una plaza. 

Todo esto se solucionaría si las instituciones trabajaran de manera proactiva y no reactiva. Si ya, desde la etapa educativa, cuando estas personas y sus necesidades están perfectamente identificadas, se realizara una previsión de plazas, no se generaría esta situación que hace que la persona pierda habilidades y le pueda generar ansiedad o depresión. Tenemos que trabajar no en el corto plazo, porque crea muchos problemas, sino en el medio y largo plazo. 

Por otro lado, el tema de la atención temprana. En Canarias tenemos una ley de atención temprana que, cuando se publicó, se estableció que era de responsabilidad y gestión pública. Hay plazas públicas pero la mayoría se encuentran en el tercer sector. Esto crea muchos problemas porque no se puede concertar con las asociaciones y funciona a través de subvenciones. Este servicio esencial no puede financiarse así por la importancia que tiene en el desarrollo de la persona. 

Además, este año  la conferencia multisectorial aprobó el Consejo Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, que el Gobierno de Canarias apoyó. Ahí se recoge que la lista de espera no puede superar los 45 días. En las islas, a día de hoy, ese período de espera es mucho más. 

Y por último, la mejora de la financiación, que creo que es un tema recurrente por parte de todas las entidades. Actualmente, la subvenciones para proyectos a realizar en el año natural llegan en septiembre. Eso supone un riesgo económico-financiero para las asociaciones porque no tenemos colchón para afrontarlo. En el caso de que no nos la den, tenemos que soportar los gastos que ya hemos tenido de enero a septiembre, con el riesgo constante de ir a la quiebra.

En este sentido, también necesitamos que los convenios de dependencia se financien al costo real de los servicios. Desde la guerra de Ucrania, con el aumento del precio del combustible, se disparó el coste del transporte. En 10 meses se pasó de 7 euros por persona usuaria a 15, pero la financiación siguió en 7. Además, fueron años donde el IPC subió mucho y también el Salario Mínimo Interprofesional y, claro, todo ello incrementa la cuenta de resultados de las asociaciones de manera exponencial. 

Se ha hecho un esfuerzo importante por parte del gobierno autonómico y de los cabildos por actualizar la plaza. Pero tiene que elaborar un procedimiento más sencillo porque supone un esfuerzo tremendo para las instituciones públicas. Si se actualizara cada año, costaría mucho menos trabajo y no estaríamos las asociaciones ahogadas durante tantos años.  

¿Cuáles son los retos que se plantea Plena Inclusión Canarias para el futuro cercano?

En cuanto a las personas y las familias, nuestro reto es que tengan los apoyos necesarios para desarrollar sus proyectos de vida y que cambiemos la mirada. Como comentaba antes, tenemos que hacer un cambio hacia modelos mucho más personalizados, en comunidad y basados en los proyectos de vida de las personas, en sus anhelos, metas y sueños. A día de hoy no todo el mundo puede decir que esté cumpliendo su proyecto de vida. Y ese es nuestro reto, hacer todas las acciones posibles para que esto sea una realidad.

De hecho, hace unos días en un congreso a nivel nacional nos preguntábamos cuál era el sueño de las asociaciones. Y no es otro que ver todas las metas cumplidas y que dejemos de existir. Realmente, nosotros nacemos para desaparecer. Si todo funcionara bien, no tendrían que estar las familias toda una vida luchando por unos derechos que están reconocidos pero que no se cumplen.