Representantes de Plena inclusión presentaron el documento ayer ante el Ministerio de Igualdad que alerta sobre la falta de medidas que eviten que estas mujeres sean sometidas a métodos anticonceptivos sin su consentimiento y, a veces, contra su voluntad
El documento también denuncia la falta de medidas de accesibilidad cognitiva en la información y la atención a estas niñas y mujeres. Y señala las barreras que encuentran las mujeres con discapacidad para identificar, denunciar y recibir apoyo cuando sufren violencia de género
Plena inclusión ha presentado 30 propuestas para que el Pacto de Estado incluya a las niñas y las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión, entregó ayer un documento con estas propuestas al Ministerio de Igualdad en una reunión para evaluar el anterior Pacto de Estado contra la violencia de género (2017-2022) y realizar propuestas para la elaboración del siguiente pacto.
Plena inclusión, el movimiento asociativo que ahora agrupa a 950 asociaciones y apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, ha presentado un documento de 16 páginas con propuestas y datos.
El documento pone de relieve, por ejemplo, que la evaluación del anterior Pacto de Estado no recoge qué medidas se han realizado para asegurar la accesibilidad de los servicios de información, asesoramiento y orientación gratuitos ni la formación que han recibido las y los profesionales de estos servicios para poder atender de forma fácil de entender a las niñas y a las mujeres con dificultades de comprensión.
Plena inclusión también reclama que se incluyan en el Pacto de Estado “políticas públicas que eviten, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo se vean sometidas a métodos anticonceptivos sin su conocimiento o incluso contra su voluntad, en ocasiones, como requisito de obligado cumplimiento para poder acceder a una plaza pública o concertada”.
Propuestas concretas
El documento presentado desglosa aportaciones concretas organizadas por los ejes y medidas del propio Pacto de Estado, entre ellas:
Generar acciones de sensibilización que ayuden a identificar la violencia en las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, incluyendo recursos que les permitan a ellas mismas identificar la violencia que sufren.
Establecer una línea de contenidos curriculares accesibles en todo el ciclo evolutivo.
Elaboración de Protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes implicados en la atención a mujeres para conseguir respuestas integrales que aúnen la perspectiva de género y de discapacidad.
Facilitar apoyos personales a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que les permitan, acceder a la información, garantizar un vehículo de expresión y poder realizar procesos de toma de decisiones adecuados, a lo largo de todo el proceso de atención garantizando la especificidad que requiere la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Establecer, en el plazo máximo de dos años, las Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán formar parte psicólogos/as y trabajadores/as sociales, y que, entre otras funciones, asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo con suficientes profesionales especializados en discapacidad intelectual o del desarrollo.
Garantizar la presencia de una o un facilitador procesal, cuando sea necesario.
Promover la constitución de un grupo de trabajo en el que participe una representación de los y las profesionales del sistema judicial para la revisión exhaustiva y, en su caso, reforma de los protocolos vigentes para que incorporen la perspectiva de la discapacidad.
Avanzar en el conocimiento de la realidad de la violencia de género en las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ejemplo de ello medidas que promuevan que la recogida de datos sobre violencia de género se realice desagregada por tipos de discapacidad.
