La Fundación CERMI Mujeres y la Fundación Derecho y Discapacidad firmaron el 6 de febrero, un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar actividades de interés social orientadas a garantizar los derechos y la inclusión, así como a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias desde un enfoque interseccional de igualdad de género y derechos de las mujeres y niñas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido al Gobierno que no castigue fiscalmente a los preceptores de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) haciéndolos tributar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Las medidas de garantía social básica como el SMI deben estar exentas de tributación, ya que de otro modo pierden en todo o en gran parte su objeto de elemento de apoyo a la inclusión social y de mantener unas condiciones mínimas de vida.
En el ámbito de la discapacidad, son muchos los trabajadores que están en el rango retributivo del SMI por lo que el impacto de esta carga fiscal representará un claro perjuicio a su capacidad de renta, de por sí baja, que diluirá en buena medida algo positivo como ha sido la elevación del SMI producida en los últimos años.
El CERMI reclama al Ejecutivo que el SMI, sea cual sea su cuantía, esté siempre exonerado de tributar por el IRPF a fin de que no quede desvirtuada una medida de evidente contenido social concebida para asegurar un suelo retributivo para todos los trabajadores.
