El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a la Secretaría de Estado de Función Pública a que apruebe sin más dilaciones el Manual general de adaptaciones de medios, tiempos y otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad, previsto en la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio.
El CERMI recuerda que dicha Orden establecía expresamente un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor para la aprobación de este Manual, plazo que ya ha sido superado, sin que hasta la fecha se haya producido el cumplimiento de esta obligación normativa.
Ante esta situación de inobservancia, el CERMI ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, solicitando la apertura de una investigación sobre la demora injustificada en la aprobación del Manual, al considerar que esta inacción administrativa compromete la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en el acceso al empleo público.
El Manual pendiente de aprobación resulta una herramienta esencial, ya que debe ofrecer pautas claras, información técnica, recomendaciones detalladas y criterios homogéneos para que los órganos de selección aseguren la participación adecuada y en condiciones de igualdad de las personas aspirantes con discapacidad. Asimismo, debe incluir orientaciones específicas para los tribunales sobre el uso de dispositivos tecnológicos indispensables, así como indicadores que permitan evaluar el impacto real de las medidas adoptadas.
Para el CERMI, los poderes públicos están obligados a cumplir de manera exacta y puntual las disposiciones normativas que ellos mismos aprueban, más aún cuando se trata de normas directamente vinculadas con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el ejercicio de derechos fundamentales de un grupo social históricamente discriminado.
La organización representativa de las personas con discapacidad subraya que la falta de este Manual genera inseguridad jurídica, prácticas desiguales entre convocatorias y administraciones, y un riesgo real de vulneración de derechos, por lo que exige su aprobación inmediata, previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, tal y como establece la propia Orden.
El CERMI confía en que la intervención del Defensor del Pueblo contribuya a desbloquear esta situación y a que la Administración General del Estado cumpla sin más demoras con un mandato legal imprescindible para avanzar hacia un empleo público verdaderamente inclusivo.
