La Dirección General de Función Pública delimita el ámbito en el que se podrá acceder a la información sensible, como son los datos sanitarios especialmente protegidos por la ley
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha procedido al establecimiento de un conjunto de medidas que tienen por finalidad proteger el derecho a la intimidad de las personas que con discapacidad participan en procesos selectivos de la Administración General para su acceso al empleo público.
La Dirección General de la Función Pública, mediante Resolución número 1212/2024, de 21 de marzo, incorpora a la gestión de sus procesos selectivos medidas concretas que preserven el derecho a la intimidad de las personas con discapacidad en relación con su estado de salud, es decir, con los datos sanitarios que están vinculados a dicha situación de discapacidad, haciéndose eco de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos.
Con esta resolución Función Pública delimita el ámbito en el que se podrá acceder a dicha información sensible, especialmente protegida por la Ley, de forma que se ceñirá única y exclusivamente al resto de personas aspirantes en un proceso selectivo por cuanto tienen derecho a conocer quiénes optan por dicho turno de discapacidad y quiénes solicitan los ajustes de las pruebas selectivas, dado que estamos a la presencia de un proceso de concurrencia competitiva.
Más allá de ese ámbito, el conocimiento público generalizado de tales circunstancias supondría una vulneración del derecho a la intimidad porque el acceso a esa información, de manera indiscriminada por quien no participa en el proceso selectivo, resulta innecesaria, superflua y por tanto improcedente.
Por otro lado, el acceso a esa información por parte del resto de las personas aspirantes igualmente se limitará a lo estrictamente necesario para poder ejercer sus derechos de forma real y efectiva y en condiciones de igualdad, sin que por tanto tampoco se tenga derecho a conocer los concretos datos clínicos que subyacen tras la situación de discapacidad.
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está adoptando un conjunto de medidas en materia de acceso al empleo público de personas con discapacidad, con la finalidad de fomentar dicho acceso y protegerlo, no permitiendo que dicho acceso pueda convertirse en una situación de vulnerabilidad por la publicidad innecesaria de datos relacionados con el estado de salud de las personas.
Esta resolución puede ser consultada en la página web de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, en el siguiente enlace:
