El Consejo de ministros ha aprobado la reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que podrá así iniciar su tramitación parlamentaria. También se aprobará una partida de más de 780 millones para ampliar la financiación del sistema de autonomía personal en las comunidades autónomas
Plena inclusión, que ha participado con sus aportaciones en esta propuesta de reforma, considera que la misma amplía el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias, reiteradamente demandados por las organizaciones
El Consejo de ministros ha aprobado hoy el anteproyecto para reformar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que podrá así pasar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados e iniciar su tramitación parlamentaria. También acuerda proponer la financiación a las comunidades autónomas con más de 780 millones de euros para ampliar la cobertura del sistema de Autonomía personal y atención a la dependencia.
La Confederación Plena inclusión España, que representa a más de 950 entidades de la discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país, aplaude la reforma de las dos leyes de mayor importancia para este colectivo, ya que la misma amplía el reconocimiento de derechos fundamentales demandado por el sector de la discapacidad.
Plena inclusión ha participado en el proceso de elaboración del anteproyecto, haciendo propuestas tanto durante la consulta pública como durante el proceso de información pública del mismo. Afortunadamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incluido un número significativo de estas demandas, algunas de las cuales son especialmente importantes:
Mayor nivel de protección para las personas con discapacidad y sus familias. En cuanto a la Ley General derechos de las personas con discapacidad, Plena inclusión ha logrado incluir en el anteproyecto:
- El reconocimiento de que la autonomía de las personas incluye el ejercicio de esa autonomía con los apoyos necesarios (artículo 6)
- El reconocimiento de que las familias también sufren situaciones de soledad forzosa y deben recibir también protección (artículo 7.bis)
- La prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades deberá basarse en la evidencia científica actualizada y la especial importancia de la atención temprana (artículo 11).
- La educación inclusiva debe ser universalmente accesible y debe garantizar la presencia, participación y progreso del alumnado con discapacidad en igualdad de condiciones (artículo 18).
- El acompañamiento en los procesos de preparación para la jubilación, para poder compatibilizar el empleo con otras actividades de preparación a la jubilación (artículo 43).
- En casos de discriminación por razón de discapacidad, si la Comunidad Autónoma no tiene régimen de infracciones y sanciones, se aplicará supletoriamente la Ley estatal (artículo 78).
Ampliación de la cobertura y acceso más justo al sistema de autonomía personal y atención a la dependencia. Plena inclusión ha logrado introducir, entre otros, las siguientes cuestiones:
- La compatibilidad entre la percepción de una prestación económica o de servicios y la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia (artículo 14).
- El derecho a elegir servicio o prestación económica transitoria mientras la persona en situación de dependencia permanece en espera del servicio reconocido en su PIA (artículo 14).
- El tiempo en la lista de espera para recibir un servicio como nuevo criterio de acceso a los servicios. El acceso dependerá del grado reconocido; a igual grado, del tiempo de espera; y a igual tiempo de espera, de la capacidad económica (artículo 14).
- La garantía de la accesibilidad universal en el proceso de establecimiento del PIA (artículo 29).
Para Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España: “todas estas medidas suponen un avance significativo en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en nuestro país, y un reconocimiento de su plena ciudadanía. No obstante, nuestra organización seguirá vigilante al desarrollo legislativo de las mismas para asegurar que ese ejercicio es efectivo”.
