Según el último informe del CERMI estatal sobre este tema, en España hay comunidades autónomas que tardan más de dos años en espera para el reconocimiento de la discapacidad
Recopilando datos de las 17 comunidades autónomas, en este informe se puede comprobar, por un lado, que las listas de espera son más largas de lo deseado en todo el territorio (en 10 de 17 es de más de un año) y que existe una gran desigualdad entre unas autonomías u otras.
Así, por ejemplo, mientras que en Canarias y Extremadura lo habitual es esperar dos años, es País Vasco y Castilla y León, este tiempo es inferior a seis meses.
Desde CERMI consideran que la dilación en los procesos del reconocimiento de la discapacidad es muy grave, pues deja a estas personas sin derechos durante un tiempo muy prolongado, “en la actualidad, lo que hay son unos plazos exorbitados el reconocimiento administrativo de la discapacidad. Y es reconocimiento es muy importante porque da acceso al sistema de protección de las personas con discapacidad. Por eso, cualquier dilación en el tiempo supone una vulneración grave de los derechos de estas personas y un inconveniente importantísimo a la hora de acceder a ese sistema de protección de las administraciones públicas”, asegura Luis Alonso, gerente de Cermi estatal.
Estos retrasos no solo afectan a las personas que piden la discapacidad por primera vez, también a aquellos que necesitan renovarla, ya sea porque caduca, algo que pasa con los menores de edad, o porque creen que han empeorado y su grado de discapacidad ha aumentado, “no es lo mismo tener un 33 que un 65, y es muy importante que esto esté reconocido”, asegura el gerente de Cermi.
Sin embargo, Alonso quiere recordar que, aunque la discapacidad caduque, si es por retrasos en la administración, estas personas no pierden derecho, pues, “en caso de renovación obligatoria, por culpa de la administración, continúas con la misma situación con la que estabas antes. Si tienes reconocida la discapacidad, la tienes reconocida, da igual que se haya caducado o que la persona cumpla 18 años”, insiste. Y lo mismo ocurriría con los derechos asociados a esta discapacidad, “pasa como con la renovación de las tarjetas de aparcamiento. Lo que se hace en estos casos es colocar en el cristal la solicitud de renovación para que no te multen, que vean que sabes que está caducado, que los has pedido, pero que aún no te han contestado”.
En la actualidad, lo que hay son unos plazos exorbitados el reconocimiento administrativo de la discapacidad
Falta de personal y complicaciones con el nuevo baremo
Entre las causas de esas dilaciones, Alonso asegura que las comunidades alegan sobre todo dos: falta de personal y el nuevo procedimiento para valorar la discapacidad, que entró en vigor en abril del año pasado, “nos dicen que es un procedimiento más detallado y que, por lo tanto, lleva más tiempo llevarlo a cabo”.
Sin embargo, desde Cermi recuerdan que este baremo, aunque entró en vigor hace relativamente poco no es algo ni mucho menos desconocido, o al menos no debería serlo, “este nuevo procedimiento sustituye al que procede, que es del año 1999, pero se conoce desde hace más de 10 años, han tenido más de 10 años de preparación, no es algo que se haya implantado de un día para otro”, asegura.
Es cierto que, como apuntan las comunidades, es más completo, pero, según Alonso, no más complejo, “creemos que es más justo, porque da mayor relevancia a los factores sociales y contextuales de las personas con discapacidad y se alinea bastante con el modelo social al entender la discapacidad en coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Según las comunidades Autónomas, al ser más detallado, produce más dilaciones, pero ninguna de las dos cuestiones que plantea son causa ni motivo para que haya unos plazos tan exorbitados en la declaración de la certificación del grado de discapacidad”, se quejan desde Cermi.
Tampoco creen desde Cermi que, como apuntan algunas personas que han pasado por el nuevo proceso, este nuevo baremo sea menos generoso a la hora de otorgar porcentajes, “hubo comunidades autónomas que hicieron un proyecto piloto que consistía en hacer la valoración con el antiguo baremo y con el nuevo baremo. Y los resultados de este proyecto piloto constataron que los resultados no diferían en exceso ni que se pueda decir que este baremo sea más exigente que el que el otro. Simplemente los criterios son diferentes y pasamos de una parte exclusivamente médica a una evaluación mucho más funcional, donde se valoran más los factores sociales: qué se puede hacer y qué no se puede hacer…. Y es muy similar al baremo que se utiliza para el reconocimiento de dependencia”, apunta Alonso.
Desde Cermi creen, por tanto, que es más un problema de medios, tanto por falta de personal en los centros base como por la falta de formación de los evaluadores sobre el nuevo baremo, “es probable que a las comunidades les haya ‘pillado el toro’ con la aplicación de este baremo, pero el rodaje se lleva haciendo durante mucho tiempo. Sabían perfectamente que se iba a implantar”, advierte.
Es probable que les haya ‘pillado el toro’ con la aplicación del nuevo baremo, pero el rodaje se lleva haciendo mucho tiempo, sabían perfectamente que se iba a implantar
Por eso, la solución pasaría por “que se amplíen y se refuercen las estructuras de valoración de la discapacidad y que se forme intensivamente al personal que maneja el nuevo baremo y de su soporte tecnológico, que lo hay. Las cuestiones que plantean, como la escasez de personal, es cuestión de poner más medios, no del nuevo baremo. Además, es muy similar al de reconocimiento de dependencia, por tanto, no tendría que ser un obstáculo ni justificarían retrasos de dos años”.
También quiere dar un toque de atención a la administración central, que ya debería haber evaluado el funcionamiento del nuevo baremo, “hay una disposición adicional quinta en el Real Decreto 88 /2022, en el que se dice que, transcurrido un año de la aplicación de ese nuevo baremo, el Imserso y las Comunidades Autónomas deberían de realizar una evaluación de resultados. La contestación que nos da la administración pública en este caso es que este proceso está iniciado, pero no finalizado. Es decir, que ha pasado un año y seguimos sin tener esa valoración que viene impuesta por ley”.
Desde Cermi están a la expectativa, pero creen que hay motivos para pensar que la situación puede mejorar en el futuro, “tenemos que reconocer que, después del informe que hicimos, muchas comunidades han movido ficha, como Andalucía, Castilla-La mancha o La Rioja. Nos consta que han aumentado el personal en los centros base para acelerar este proceso y esperamos que se note pronto. También estamos a la espera del informe de IMSERSO, que nos dará más datos al respecto”
Y es que la solución, insisten, tiene que pasar, inevitablemente por reforzar el sistema, “si no hay centros base suficientes o no tienen capacidad para atender a todas las personas con discapacidad en un tiempo razonable, que refuercen las estructuras. Y si el tema de la nueva valoración es un problema, habrá que formar al personal en el manejo del nuevo baremo y del soporte tecnológico, que ya te digo que no es nuevo, se lleva trabajando con él durante muchísimo tiempo. También ayudaría en las comunidades hubiera más agilidad en los procedimientos administrativos, de contestar, de registrar, etcétera”.
