El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al Ministerio de Derechos Sociales un Documento de Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, en el que valora la iniciativa como necesaria y positiva, pero lamenta una omisión estructural: la ausencia de un enfoque social inclusivo que contemple los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras.
El Movimiento CERMI advierte de que el anteproyecto centra su mirada en la sostenibilidad ambiental y económica, dejando fuera la dimensión social, sin integrar los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para España. Para que la transformación hacia un consumo responsable sea completa, el CERMI sostiene que “debe ser socialmente justa”.
En sus alegaciones, el CERMI articula cuatro ejes clave para garantizar un consumo accesible e inclusivo. El primero de ellos es la accesibilidad universal, que debe incorporarse de forma transversal en todo el texto normativo. Exige que la información, tanto física como digital, se presente en formatos comprensibles y accesibles para todas las personas, sin ambigüedades como “clara y legible”.
El segundo eje es la igualdad y no discriminación. El CERMI propone que se reconozca como ajuste razonable la obligación de proporcionar bienes de sustitución durante la reparación de productos de apoyo, fundamentales para la vida autónoma de personas con discapacidad o mayores. La negativa a facilitar estos apoyos debería considerarse una práctica comercial desleal.
El documento también subraya la importancia del lenguaje inclusivo y la toma de conciencia social. Reclama un uso del lenguaje que refleje la diversidad de los consumidores y promueva una imagen activa y positiva de las personas con discapacidad, garantizando la accesibilidad desde el diseño universal, no como medida excepcional dirigida “principalmente” a colectivos vulnerables.
Por último, el CERMI insiste en la necesidad de asegurar el diálogo civil, estableciendo mecanismos efectivos de participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el desarrollo, seguimiento y evaluación de la ley. Esta participación efectiva es un mandato claro de la Convención.
CERMI concluye haciendo un llamamiento para que se tomen en consideración las demandas de la sociedad civil de la discapacidad, afirmando que “integrar de forma transversal y explícita el enfoque de derechos de la Convención […] no solo es una obligación legal, sino una inversión en una sociedad más equitativa”. El objetivo final es asegurar que la sostenibilidad en España sea sinónimo de inclusión y que los derechos de los consumidores con discapacidad se hagan realidad.
Acceso al documento de alegaciones completo del CERMI al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.
