Tras la aprobación hoy, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia, Plena inclusión reivindica este derecho para las familias y las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
Plena inclusión recuerda que, entre el gran número de reivindicaciones que están pendientes de satisfacer por el actual Sistema de Autonomía y Atención Dependencia (SAAD), destaca la del derecho al arraigo a su entorno familiar y social para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, por el impacto que tiene esta decisión en sus vidas. Desde la confederación que agrupa a 950 asociaciones en todo el Estado se subraya la trascendencia de una petición que la nueva Ley de Dependencia debería garantizar: la opción para miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias de ver cumplido su deseo de continuar su proyecto de vida junto a las personas que quieran y elijan.
La demanda de Plena inclusión coincide con la ratificación hoy, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de reforma la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia para adaptarlas a la reforma constitucional aprobada por el Congreso de los Diputados, en febrero de 2024, modificando su artículo 49.
Hoy en día, es frecuente que los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad intelectual se realicen fuera del contexto diario de las mismas, lo que produce procesos de “desarraigo”, y una ruptura con su trayectoria vital, su red de relaciones y los lugares que les son propios.
Por todo ello, resulta imprescindible desterrar la mala práctica de traslados no consentidos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a residencias para personas mayores de 65 años. “Se trata de un modo de actuar poco respetuoso, así como de una práctica inhumana, al decidir el futuro de las personas sin preguntarles antes si están o no de acuerdo”, explica Tomás A. Sancho, presidente de Plena Inclusión Madrid y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión España. Hay que recordar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, uno de los grupos humanos más vulnerables en nuestro país, no suelen contar en la mayoría de los casos con las competencias necesarias para afrontar esas situaciones de cambio abrupto en sus vidas, generándose por ello problemas de comportamiento, salud mental y otras circunstancias que desestabilizan su día a día.
El movimiento asociativo Plena inclusión, que presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otros), reclama que a estas personas se les dé la posibilidad de desarrollar su proyecto vital junto a las entidades del movimiento de la discapacidad que les han acompañado a lo largo de su vida; y aprovecha la oportunidad histórica que supone la propuesta del Ejecutivo de modificar las Leyes de Dependencia y Discapacidad para reclamar esta mejora que ayudaría a superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Por otro lado, esta demanda conecta también con el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el mismo, se reconoce “el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida”.
