El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) junto con los 19 CERMIS Autonómicos están desplegando una operación de recopilación de datos para construir una estadística estatal actualizada y fidedigna de centros ocupacionales de personas con discapacidad
El movimiento organizado de la discapacidad quiere conocer tanto el número de centros ocupacionales existentes en todo el territorio nacional, así como el de personas con discapacidad usuarias de los mismos, información de la que se carece por la incuria de las administraciones públicas sociales, por lo que es necesario desde la sociedad civil recopilar, acumular y ordenar los datos de todas las comunidades y ciudades autónomas.
Según el artículo 52 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de sus Inclusión Social, los centros ocupacionales “tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo”.
Para confeccionar esta estadística, todos los CERMIS Autonómicos se ha dirigido a sus respectivas administraciones sociales, en virtud de la vigente Ley de Transparencia, solicitado el número de centros ocupacionales de personas con discapacidad existentes en el territorio con la consideración de pertenecientes a la red pública de servicios sociales de esa Comunidad o Ciudad Autónoma.
También se pide el número de personas con discapacidad usuarias registradas de los centros ocupacionales del territorio, distinguiendo separadamente entes mujeres y hombres (cifras absolutas y relativas, para cada caso).
Asimismo, se demanda el número medio de personas usuarias con discapacidad por centro ocupacional y la variación del número global de personas con discapacidad usuarias de centros ocupacionales entre el 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.
Esta información que se recaba de las Administraciones autonómicas es de gran relevancia para el sector social de la discapacidad, con el fin de plantear propuestas de acción normativa y política de mejora de esta tipología de servicios sociales para personas con discapacidad.
