El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno, a través del ministerio de Transición Ecológico y el Reto Demográfico, que las personas con discapacidad sean consideradas como grupo social prioritario de atención en el futuro Plan Social para el Clima, en elaboración en estos momentos por ese departamento gubernamental
Así lo ha propuesto el CERMI, en su documento de alegaciones aportado en el trámite de consulta pública abierto por el ministerio de Transición Ecológica para la confección del Plan Social por el Clima que a todos los estados miembro exige la Unión Europea.
El Reglamento UE 2023/955 obliga a cada estado de la Unión Europea, también pro tanto a España, adoptar un Plan Social para el Clima que ha de tener entre sus propósitos mitigar el posible impacto negativo (en cuanto a aumento de costes o exclusión) de las políticas y estrategias de descarbonización.
A tal fin, el Plan nacional deberá incluir medidas para aquellas personas y hogares más expuestos a vulnerabilidad social y económica, que sufren más intensamente la pobreza energética o en están en mayor riesgo de exclusión en cuanto al acceso a un transporte limpio.
Para el CERMI, las personas con discapacidad y sus familias estarían en esa situación, dado el sobrecoste que comporta (ya sea para la propia persona o para su entorno de convivencia u hogar), así como el mayor consumo energético de los hogares con personas con discapacidad (uso de dispositivos médicos y de otro tipo que garantizan su bienestar y/o autonomía), y las dificultades o imposibilidad de estas personas para acceder a medios de transporte sostenibles y accesibles.
Por estas razones, según el CERMI, el Plan nacional deberá tener en cuenta a las personas con discapacidad como un grupo social vulnerable específico, por lo que deberá incluir medidas reforzadas que ayuden a hacer frente a sus necesidades en cuanto a consumo energético o acceso al transporte.
Enlace al documento del CERMI de aportaciones a la consulta pública
