La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas de España compareció ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias para trasladar la posición de la entidad en relación con la aplicación del marco jurídico vigente y la necesidad de avanzar con criterios claros, homogéneos y estables en el ámbito local.
Durante su intervención, la presidenta de ADEE, Carolina Puente, subrayó que el papel de las entidades locales es clave para que la normativa se traduzca en cambios reales en la vida de las personas. “Gran parte de las decisiones que afectan a nuestro día a día se toman en el ámbito municipal, por eso es fundamental que exista claridad y seguridad jurídica”, señaló.
Aplicación del marco jurídico y seguridad jurídica
En relación con los espectáculos denigrantes, ADEE dejó claro que su comparecencia no tenía como objetivo abrir un debate ya superado, sino insistir en la necesidad de cumplir y aplicar de manera coherente el marco jurídico existente. La normativa vigente establece límites claros para evitar prácticas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad, pero su efectividad depende de una aplicación homogénea en todo el territorio.
“La vida de las personas con acondroplasia ya es suficientemente compleja como para añadir humillaciones evitables”, afirmó Puente. “Hablamos de personas que conviven con dolor crónico, con múltiples intervenciones médicas y con barreras constantes que condicionan su autonomía”.
Desde ADEE se advirtió de que el desplazamiento de estas prácticas a entornos privados o recreativos no elimina su impacto social. “Aunque no sea visible, el daño sigue existiendo porque se mantiene una imagen social que después tiene consecuencias en la escuela, en el empleo o en el uso del espacio público”, explicó la presidenta de la entidad.
ADEE insistió en que las administraciones necesitan seguridad jurídica y criterios claros de actuación. “No se trata de convencer de nada”, remarcó Puente. “Existe un marco jurídico claro que debe cumplirse, y contar con referencias comunes facilita el trabajo de las administraciones y protege a las personas”.
Referencias compartidas para la actuación pública
Durante la comparecencia, ADEE recordó los criterios y referencias ya trasladados previamente a las administraciones locales, elaborados desde un enfoque de derechos y en coherencia con el movimiento asociativo de la discapacidad, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y ofrecer un marco claro para la actuación pública.
“Cuando no hay criterios claros, se generan dudas y desigualdades”, señaló Puente. “Y cuando eso ocurre, quienes salen perdiendo son las personas, pero también las propias administraciones, que necesitan seguridad y respaldo normativo”.
Desde ADEE se subrayó que estas referencias no buscan crear nuevas obligaciones, sino acompañar a las administraciones en el cumplimiento del marco legal, aportando claridad, coherencia y herramientas prácticas para la gestión cotidiana.
