La nueva normativa permitirá solicitar lectura fácil, lenguaje claro, apoyos a la comunicación y acompañamiento durante los procedimientos administrativos
Los trámites accesibles para personas con discapacidad intelectual serán un derecho a partir del 2 de enero de 2027, cuando entre en vigor la nueva normativa que permitirá solicitar medidas de accesibilidad cognitiva durante los procedimientos administrativos.
Así lo establece el Real Decreto 707/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España.
La norma concreta obligaciones que afectarán a las administraciones públicas, la Justicia, el empleo, la sanidad, las elecciones y otros servicios esenciales.
¿Quién podrá pedir trámites accesibles?
Las personas que acrediten una discapacidad intelectual y un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán solicitar, en cualquier momento de un procedimiento administrativo, que las fases restantes se desarrollen incorporando las medidas necesarias de accesibilidad cognitiva.
Las comunicaciones orales y escritas deberán utilizar un lenguaje sencillo y adaptado a las características de la persona.
Para ello podrán emplearse herramientas como la lectura fácil, el lenguaje claro, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y asistencia profesional.
Además, la persona podrá estar acompañada por alguien de su elección desde el primer contacto con las autoridades y el personal funcionario.
Formularios e información más fáciles de comprender
Los trámites accesibles para personas con discapacidad intelectual no se limitarán al momento de hablar con la Administración.
La normativa establece medidas para que la información relacionada con los procedimientos pueda entenderse mejor y contempla guías cognitivamente accesibles para facilitar la identificación de los trámites disponibles.
Los documentos e impresos deberán incorporar instrucciones claras y concisas y diseñarse de manera que resulte más sencillo cumplimentarlos.
También deberán adoptarse medidas de accesibilidad cognitiva en la Administración electrónica.
Cambios en las oposiciones y el empleo
Los trámites accesibles para personas con discapacidad intelectual también tendrán reflejo en el acceso al empleo público. La información de las convocatorias de acceso libre y promoción interna deberá disponer de una versión en lectura fácil.
La información de las convocatorias de acceso libre y promoción interna deberá disponer de una versión en lectura fácil, prestando especial atención a aquellas que incluyan plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual.
Cuando corresponda y se solicite, los temarios facilitados por la Administración y las pruebas, prácticas y exámenes deberán disponer también de una versión cognitivamente accesible.
En el ámbito laboral, determinadas personas con discapacidad intelectual podrán solicitar gratuitamente la adaptación cognitiva de una entrevista de trabajo.
Pedir esta adaptación no podrá utilizarse como motivo para excluir a la persona del proceso de selección.
Resoluciones judiciales comprensibles
La implantación de trámites accesibles para personas con discapacidad intelectual alcanzará también a la Administración de Justicia.
Las resoluciones y comunicaciones judiciales deberán redactarse y presentarse en un formato comprensible atendiendo a las necesidades de accesibilidad.
Las personas con dificultades cognitivas podrán contar además con una persona facilitadora procesal, cuya función será realizar los ajustes necesarios para que puedan comprender el procedimiento y ser comprendidas.
Información sanitaria adaptada
Las personas con dificultades cognitivas podrán solicitar también que la información sobre tratamientos, intervenciones médicas y medicamentos se facilite en un formato accesible o adaptado.
Los centros sanitarios deberán proporcionar los apoyos de comunicación necesarios y, en los servicios de urgencias, permitir que la persona utilice su sistema habitual de comunicación.
La normativa contempla asimismo el acompañamiento por una persona de confianza en consultas, valoraciones, exploraciones y tratamientos, con las excepciones previstas legalmente.
Cambios también a la hora de votar
La accesibilidad cognitiva llegará igualmente a los procesos electorales.
Los locales deberán contar con señalización accesible y las administraciones elaborarán una guía cognitivamente accesible que explique los pasos necesarios para ejercer el derecho al voto.
La información sobre la fecha, mesa, local y horario de votación deberá facilitarse en lectura fácil.
Además, las personas con dificultades cognitivas podrán acudir acompañadas por una persona de apoyo de su elección.
Un catálogo común de pictogramas
El Real Patronato sobre Discapacidad deberá impulsar un catálogo de referencia de pictogramas para señalización, con el objetivo de avanzar hacia sistemas más homogéneos y comprensibles.
La propuesta deberá elaborarse en un plazo de tres años desde la publicación del Real Decreto y el catálogo será público y gratuito.
Transportes dispondrá además de dos años desde la entrada en vigor para elaborar un informe sobre la accesibilidad cognitiva de aeropuertos y estaciones ferroviarias y proponer mejoras.
Entrada en vigor en enero de 2027
El nuevo Reglamento comenzará a aplicarse el 2 de enero de 2027.
A partir de entonces, los trámites accesibles para personas con discapacidad intelectual dejarán de depender exclusivamente de iniciativas voluntarias de cada organismo.
La normativa establece por primera vez unas condiciones básicas destinadas a garantizar que comprender un procedimiento administrativo, una resolución judicial o determinada información sanitaria forme parte efectiva del derecho a la accesibilidad universal.
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