El nuevo reglamento establece condiciones de accesibilidad cognitiva en sanidad, transportes, espacios públicos, Justicia, telecomunicaciones, empleo, cultura y procesos electorales
España acaba de aprobar el primer marco normativo transversal destinado específicamente a establecer las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en todo el territorio nacional.
El Consejo de Ministros aprobó este 1 de septiembre el Real Decreto que desarrolla el reglamento destinado a garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan entender la información, comunicarse, orientarse y realizar actividades con mayor autonomía.
La norma incorpora herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas, la señalización accesible, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y diferentes soluciones tecnológicas.
Su alcance va mucho más allá de los documentos administrativos. Las condiciones se aplicarán en ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, edificios, transportes, bienes y servicios a disposición del público, Administraciones Públicas, Justicia, procesos electorales, patrimonio cultural y empleo.
El nuevo reglamento desarrolla la Ley 6/2022, que incorporó expresamente la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal y reconoció el derecho de todas las personas a comprender, comunicarse e interactuar con los entornos, bienes y servicios.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva permite que los entornos, procesos, actividades, bienes, productos y servicios sean fáciles de comprender y utilizar.
Puede resultar tan importante como una rampa para una persona con movilidad reducida o un recurso de accesibilidad sensorial para una persona ciega o sorda.
Una señal incomprensible, un formulario excesivamente complejo, unas instrucciones difíciles de interpretar o un edificio en el que resulta complicado orientarse pueden convertirse también en barreras.
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad reconoce desde 2022 que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal.
Para hacerla efectiva pueden utilizarse herramientas como la lectura fácil, los pictogramas, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y otros medios humanos y tecnológicos.
El nuevo reglamento desarrolla ahora las condiciones básicas que deben permitir trasladar ese derecho a diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Información fácil de comprender
Una de las principales claves de la nueva regulación se encuentra en la información y la comunicación.
El reglamento establece que deberán garantizarse herramientas que faciliten su comprensión mediante recursos como el lenguaje claro y la lectura fácil.
También contempla los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
El objetivo es que la complejidad con la que se presenta determinada información no impida a una persona ejercer un derecho, utilizar un servicio o tomar una decisión.
El Ministerio de Derechos Sociales señala que la información y la comunicación deberán ofrecerse mediante formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos.
Además, estos recursos deberán proporcionarse sin coste adicional para la persona y sin retrasos.
Los pictogramas llegan al centro de la accesibilidad
Los pictogramas son otra de las herramientas expresamente reconocidas para conseguir la accesibilidad cognitiva.
Su utilización puede facilitar la identificación de espacios, servicios, recorridos, instrucciones o acciones.
El nuevo marco también contempla la señalización accesible y otros recursos destinados a facilitar la orientación.
Esto resulta especialmente relevante en lugares complejos o desconocidos, donde comprender hacia dónde dirigirse o identificar correctamente un servicio puede convertirse en una barrera para una persona con dificultades cognitivas.
No se trata únicamente de colocar pictogramas. La accesibilidad debe permitir que la persona pueda comprender el entorno, orientarse y desarrollar las actividades necesarias de la forma más autónoma posible.
Centros sanitarios deberán tener en cuenta la accesibilidad cognitiva
La sanidad se encuentra entre los ámbitos afectados por la nueva regulación.
Los bienes y servicios a disposición del público, incluidos expresamente los servicios sanitarios, deberán incorporar las condiciones correspondientes de accesibilidad.
Para una persona con dificultades de comprensión, acudir a un hospital o centro de salud puede implicar enfrentarse a indicaciones, formularios, señalización, instrucciones y procedimientos difíciles de interpretar.
El nuevo marco pretende reducir estas barreras.
La accesibilidad cognitiva deberá tenerse en cuenta tanto en la información y comunicación como en aquellos elementos necesarios para facilitar la orientación y utilización de los servicios.
Cambios en transportes y estaciones
El reglamento también establece condiciones específicas en materia de transportes.
Comprender una señal, localizar un andén, interpretar un cambio de recorrido, identificar una parada o seguir las instrucciones necesarias para realizar un viaje puede resultar especialmente complejo para algunas personas.
Por ello, las medidas de accesibilidad no pueden limitarse exclusivamente a eliminar barreras físicas.
La información, comunicación, señalización y orientación forman también parte del derecho a utilizar el transporte con autonomía.
Las soluciones podrán apoyarse en lenguaje comprensible, elementos visuales, sistemas de señalización y herramientas tecnológicas que faciliten la realización de las tareas.
Espacios públicos, infraestructuras y edificios
La accesibilidad cognitiva también deberá estar presente en los espacios públicos, infraestructuras y edificación en los términos establecidos por la nueva regulación y la normativa sectorial aplicable.
El objetivo es que una persona pueda comprender dónde se encuentra, identificar espacios y recorridos y desplazarse por ellos de manera más autónoma.
Una infraestructura puede ser físicamente accesible y, sin embargo, resultar difícil de utilizar si su organización, señalización o información no son comprensibles.
El reglamento incorpora así la dimensión cognitiva a la concepción de la accesibilidad universal.
Las Administraciones Públicas también tendrán que ser comprensibles
Otro de los ámbitos fundamentales son las relaciones de la ciudadanía con las Administraciones Públicas.
La dificultad para comprender una comunicación administrativa, realizar un trámite o interpretar correctamente las instrucciones puede impedir en la práctica el ejercicio de un derecho.
El nuevo reglamento establece requisitos generales de información y comunicación y condiciones específicas para las relaciones con las administraciones.
El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva ya trabaja, de hecho, en iniciativas destinadas a facilitar procedimientos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, la obtención del DNI o determinados trámites de regularización de personas migrantes.
El objetivo es avanzar hacia procedimientos que puedan ser comprendidos por un mayor número de personas.
La Justicia deberá incorporar medidas de comprensión
La Administración de Justicia constituye otro ámbito expresamente incluido.
Comprender qué está ocurriendo durante un procedimiento judicial resulta esencial para poder participar en él y ejercer los propios derechos.
El nuevo marco establece condiciones específicas de accesibilidad cognitiva para este ámbito.
La medida se suma al reconocimiento progresivo del derecho de las personas con discapacidad a disponer de los ajustes y apoyos necesarios para comprender los procedimientos en los que participan.
La accesibilidad no se limita así al acceso físico a un juzgado, sino que alcanza también a la capacidad de comprender la información y comunicarse durante el proceso.
Elecciones y participación en la vida pública
El reglamento incluye también la participación en la vida pública y los procesos electorales.
Este ámbito fue incorporado expresamente a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad mediante la reforma de 2022.
La finalidad es que las dificultades de comprensión no se conviertan en una barrera para ejercer derechos políticos y participar en los asuntos públicos.
La información y los procesos deberán avanzar hacia formatos que permitan una mayor comprensión y autonomía.
También afecta a telecomunicaciones y sociedad de la información
La transformación digital ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevas barreras.
Por ello, el reglamento incluye las telecomunicaciones y la sociedad de la información entre sus ámbitos específicos.
Una página, una aplicación o un servicio digital puede cumplir determinados criterios técnicos de accesibilidad y seguir siendo extremadamente difícil de comprender.
La accesibilidad cognitiva introduce precisamente esta dimensión.
No basta con poder acceder técnicamente a la información: debe ser posible comprenderla, interactuar con ella y realizar las acciones necesarias.
Cultura y patrimonio también deberán ser más comprensibles
Los espacios y servicios relacionados con el patrimonio cultural e histórico forman igualmente parte del reglamento.
Museos, monumentos y otros recursos culturales pueden presentar barreras derivadas de textos complejos, recorridos difíciles de interpretar o sistemas de orientación poco comprensibles.
La aplicación de recursos de lectura fácil, lenguaje claro, apoyos visuales, señalización accesible y otras soluciones puede permitir que más personas disfruten y comprendan estos espacios.
La cultura se incorpora así al nuevo marco de accesibilidad cognitiva.
El empleo también está incluido
Una de las incorporaciones especialmente relevantes es el empleo.
El reglamento aprobado por el Gobierno identifica expresamente este ámbito entre aquellos en los que se establecen obligaciones específicas adaptadas a sus características.
La comprensión de instrucciones, procedimientos, comunicaciones y entornos laborales puede condicionar las posibilidades de incorporación y permanencia en el empleo de algunas personas con discapacidad.
La accesibilidad cognitiva puede convertirse, por tanto, en una herramienta adicional para eliminar barreras dentro del mercado laboral.
¿A quién beneficia?
Aunque la regulación nace del ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, sus efectos pueden beneficiar a un grupo mucho más amplio de población.
El Ministerio identifica expresamente a personas con:
- discapacidad intelectual;
- autismo;
- daño cerebral adquirido;
- parálisis cerebral;
- problemas de salud mental.
Pero también señala a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y personas migrantes que no dominan suficientemente las lenguas del Estado.
Esta concepción responde a un enfoque universalista.
Una información más clara, una señalización comprensible o un procedimiento más sencillo pueden facilitar la vida de cualquier persona, aunque resulten imprescindibles para determinados colectivos.
Las medidas no podrán tener un coste adicional para la persona
Otro de los principios destacados por el Gobierno es que los recursos de accesibilidad cognitiva no deben convertirse en un servicio adicional que la persona tenga que pagar.
Los formatos y apoyos accesibles deberán facilitarse sin coste adicional y sin retrasos.
Esta cuestión resulta importante porque sitúa la accesibilidad como una condición del propio servicio y no como un complemento extraordinario que dependa de la capacidad económica de quien lo necesita.
No afecta únicamente a las Administraciones Públicas
El nuevo reglamento no se limita a los organismos de la Administración.
Derechos Sociales explica que constituye el primer marco normativo transversal sobre accesibilidad cognitiva para la actuación de las Administraciones Públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.
Por tanto, su alcance trasciende a los organismos públicos.
La aplicación concreta dependerá de cada ámbito y de las obligaciones específicas que establezca el reglamento y la normativa sectorial correspondiente.
Una obligación que la ley estableció en 2022
La aprobación del reglamento tiene su origen en la Ley 6/2022, de 31 de marzo.
Aquella reforma introdujo expresamente la accesibilidad cognitiva en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
También ordenó al Gobierno aprobar un reglamento específico que desarrollara sus condiciones básicas.
La ley estableció un plazo de tres años desde su entrada en vigor, que se produjo el 2 de abril de 2022.
Por tanto, el desarrollo reglamentario debía haberse aprobado inicialmente antes de abril de 2025.
El Consejo de Ministros ha dado finalmente luz verde al reglamento el 1 de septiembre de 2026, más de un año después del plazo previsto inicialmente por la propia ley.
El primer marco transversal de accesibilidad cognitiva en España
Hasta ahora, España reconocía legalmente la accesibilidad cognitiva como parte de la accesibilidad universal, pero faltaba el reglamento específico previsto para desarrollar sus condiciones básicas.
La aprobación del Real Decreto cubre ese vacío.
El Ministerio de Derechos Sociales lo define como el primer marco normativo existente en España sobre este tipo de accesibilidad de manera transversal.
Además, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva está elaborando guías para ayudar a organismos públicos y entidades privadas a aplicar las condiciones establecidas.
El cambio de fondo es relevante: comprender una información, saber orientarse o poder completar una actividad deja de abordarse únicamente como una buena práctica.
La accesibilidad cognitiva forma parte del derecho a la accesibilidad universal y de las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos con autonomía, igualdad de oportunidades y sin discriminación.
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