El protocolo de urgencias sociosanitarias impulsado por el Gobierno de Canarias busca garantizar una respuesta coordinada entre la comunidad autónoma, los cabildos insulares y el Servicio Canario de la Salud para ofrecer una atención más rápida y eficaz a las personas en situación de dependencia, especialmente a quienes permanecen ingresadas en hospitales pese a contar con el alta médica.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explicó durante el Pleno del Parlamento de Canarias que este documento es el resultado de un amplio proceso de trabajo técnico y de coordinación con los cabildos insulares y el Servicio Canario de la Salud. El objetivo es disponer de un protocolo común para todo el Archipiélago que garantice criterios homogéneos, seguridad jurídica y una respuesta eficaz ante las urgencias sociosanitarias.
Entre las situaciones que pretende resolver figura la de las personas dependientes que continúan ocupando camas hospitalarias a pesar de haber recibido el alta médica, una circunstancia que repercute tanto en su bienestar como en el funcionamiento del sistema sanitario.
“El protocolo ha sido fruto de un intenso trabajo técnico, documentado y participado. Nuestro objetivo es culminar la firma con el conjunto de los cabildos insulares y disponer de un protocolo común para toda Canarias que garantice la igualdad de criterios, refuerce la seguridad jurídica y permita ofrecer una respuesta coordinada y eficaz”, señaló Delgado.
La consejera explicó que el trabajo desarrollado avanza en tres ámbitos fundamentales: la agilización de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la dependencia, la creación de un circuito de coordinación entre hospitales, la Dirección General de Dependencia y los cabildos insulares, y el refuerzo de la protección jurídica mediante la colaboración con la Fiscalía en aquellos casos donde existan situaciones de abandono, ausencia de apoyo familiar o necesidad de proteger los recursos de la propia persona.
El Gobierno de Canarias subraya que este protocolo no crea nuevas competencias para los cabildos ni modifica las ya existentes, sino que desarrolla una previsión recogida en el Convenio de Cooperación suscrito entre la comunidad autónoma y las corporaciones insulares para la prestación de servicios dirigidos a personas en situación de dependencia.
El marco normativo vigente atribuye a la Dirección General de Dependencia la planificación, coordinación y tramitación de los procedimientos relacionados con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Por ello, será este órgano el encargado de verificar que cada caso cumple los requisitos establecidos y realizar la correspondiente derivación, mientras que los cabildos continuarán gestionando la asignación de plazas y recursos disponibles en cada isla.
Este sistema de coordinación ya se aplica habitualmente para gestionar las listas de espera de acceso a plazas sociosanitarias, mediante la remisión periódica de personas por parte de la Dirección General de Dependencia a las corporaciones insulares.
El protocolo ya cuenta con un texto definitivo consensuado. Hasta el momento ha sido firmado por los cabildos de La Palma y Lanzarote, mientras que el Cabildo de La Gomera prevé aprobar su adhesión próximamente en Consejo de Gobierno.
Meses de trabajo técnico
La elaboración del protocolo ha requerido un amplio proceso de negociación entre las distintas administraciones. Los primeros trabajos comenzaron en la Comisión de Seguimiento celebrada el 3 de febrero de 2026 y continuaron con reuniones técnicas desarrolladas en Lanzarote y Gran Canaria durante los meses de febrero y marzo.
Durante estos encuentros se analizaron cuestiones como la disponibilidad de plazas sociosanitarias, la situación de las personas con alta médica que permanecen hospitalizadas, la necesidad de evitar listas paralelas de acceso a recursos y la conveniencia de establecer criterios homogéneos para todas las islas.
Los cabildos también realizaron aportaciones sobre los mecanismos de valoración de la urgencia, la documentación necesaria, el funcionamiento de las comisiones de seguimiento y la gestión de los casos de extrema urgencia.
Como resultado de este proceso, el documento incorpora la posibilidad de que, de manera excepcional, los cabildos puedan asignar de forma inmediata una plaza disponible cuando exista una situación que requiera un ingreso urgente, comunicándolo posteriormente a la Dirección General de Dependencia para formalizar el expediente correspondiente.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias pretende reforzar la coordinación institucional, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más ágil y segura a las personas en situación de dependencia, garantizando una actuación homogénea en todo el Archipiélago.
