Certificación de la lengua de signos española centra la valoración de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) tras la aprobación del nuevo marco legal que regula los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE).
La organización ha mostrado su satisfacción por la publicación del Real Decreto 262/2026 en el Boletín Oficial del Estado, una norma que refuerza el reconocimiento institucional de esta lengua como idioma de pleno derecho.
Certificación de la lengua de signos española: avance en su reconocimiento
La nueva normativa establece un sistema oficial de certificación estructurado conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
La certificación de la lengua de signos española supone un avance clave en su normalización, aportando mayor seguridad y claridad en ámbitos como el educativo, laboral y administrativo.
El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, destacó que:
“Estos diplomas ampliarán las oportunidades de acceso al empleo, la formación y la participación de las personas sordas”.
Sistema de diplomas y reconocimiento institucional
El nuevo modelo incluye:
- Organización por niveles según el MCER
- Dirección académica del Centro de Normalización Lingüística
- Adaptaciones para infancia sorda y personas sordociegas
- Reconocimiento oficial ante administraciones públicas
Además, se contempla un sistema de convalidaciones que facilitará el acceso a estos diplomas.
El papel del profesional sordo especialista
Esta figura, reconocida en el Real Decreto 674/2023, desempeña funciones clave como:
- Referente lingüístico
- Agente educativo
- Formador y mediador
- Creador de materiales inclusivos
Retos en la aplicación del nuevo marco
La organización ha subrayado la necesidad de garantizar coherencia en la implementación del sistema y asegurar la participación de profesionales sordos en los procesos de acreditación.
La certificación de la lengua de signos española debe consolidarse como un sistema inclusivo, riguroso y alineado con estándares internacionales.
Compromiso con los derechos de las personas sordas
La CNSE ha reiterado su disposición a colaborar con las administraciones públicas para desarrollar este marco regulador.
El objetivo es garantizar los derechos lingüísticos y avanzar hacia una sociedad más accesible, plural e inclusiva.
