Entrevistamos a Lucía Espejo, responsable de Familia, Juventud y Acoso Escolar de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), para conocer con detalle el ‘Protocolo de Atención a Familias con Miembros Sordos’. Presentado hace unas semanas, pretende ser una herramienta con la que los “derechos reconocidos por ley se conviertan en una práctica real”, en palabras de Espejo.
¿Cuál es el principal objetivo del ‘Protocolo de Atención a Familias con Miembros Sordos’ que ha presentado la CNSE?
Nuestro objetivo es que este protocolo sea mucho más que un documento de buenas prácticas para convertirse en la hoja de ruta real de la Administración en lo que se refiere a la atención a familias con miembros sordos. Queremos establecer una base sólida que unifique la atención y el apoyo en todas las comunidades autónomas para que cualquier familia, independientemente de dónde viva, reciba una respuesta que promueva la inclusión plena y el respeto absoluto a sus derechos lingüísticos y sociales.
¿Qué necesidades detectadas en las familias con personas sordas motivaron la elaboración de este protocolo?
Este protocolo nace de la experiencia del movimiento asociativo de la CNSE y del trabajo cotidiano de los/as profesionales de los servicios de atención a las personas sordas y sus familias de nuestra red autonómica. Responde a una necesidad muy clara: todavía hoy, muchas familias siguen encontrando barreras en el acceso a servicios públicos fundamentales.
¿Qué cambios concretos esperan que genere este documento en los servicios públicos de todo el Estado?
La implementación de este protocolo permitirá reducir barreras, prevenir situaciones de desigualdad y evitar la privación lingüística en la infancia. También contribuirá a que los derechos reconocidos por ley se conviertan en una práctica real y, sobre todo, a mejorar la calidad de la atención pública.
¿Cuáles son las principales barreras que encuentran hoy las familias con miembros sordos al acceder a servicios como educación, sanidad o protección social?
El principal obstáculo es, sin duda, la comunicación. Imagina ir al médico y no entender qué le pasa a tu hijo, o que en el colegio no pueda seguir el ritmo porque la información no le llega de manera accesible. Cuando no hay un acceso a la lengua de signos desde el principio, el niño puede sufrir lo que llamamos “privación lingüística”, un fenómeno grave porque se frena su desarrollo y su aprendizaje. Esa falta de comunicación genera una desigualdad enorme y mucha frustración en las familias.
¿Qué importancia tiene la disponibilidad de recursos como intérpretes de lengua de signos, mediación comunicativa o tecnología de apoyo?
Son piezas fundamentales, no son un “extra”. Un intérprete de lengua de signos o un mediador comunicativo son el puente que permite que una persona sorda sea autónoma. Sin ellos, el acceso a la información se interrumpe. La tecnología también ayuda, pero nada sustituye a la comunicación directa. Estos recursos son los que hacen que una persona sorda pueda ir a una tutoría en el colegio, o a una consulta médica con la seguridad de que está entendiendo y siendo entendida.
¿Cómo se plantea el seguimiento y la evaluación de la atención a estas familias?
No queremos que este documento se quede en un cajón. Vamos a estar muy pendientes de cómo se atiende a las familias en la práctica diaria. El seguimiento se basará en escuchar a las propias personas usuarias, a las asociaciones de familias y también a los/as profesionales que trabajan cada día sobre el terreno en nuestra red autonómica, cuya experiencia ha sido clave en la construcción de este protocolo.. Evaluaremos si los servicios públicos responden de forma más ágil y eficaz, y si las barreras que hoy denunciamos empiezan a desaparecer. El objetivo es ir ajustando lo que sea necesario para garantizar una atención siempre de calidad y verdaderamente humana.
¿Por qué es tan importante garantizar el acceso temprano a la lengua de signos en la infancia sorda?
Los primeros cinco años de vida son decisivos para el desarrollo del cerebro: es el momento en el que aprendemos a estructurar el pensamiento y a comunicarnos. Si un niño o una niña sorda no recibe estímulos que pueda comprender, se pierde un tiempo precioso que no se recupera. No se trata solo de aprender palabras, sino de desarrollar la capacidad de razonar, expresar emociones y relacionarse con los demás. Garantizar ese acceso temprano es ofrecerle las herramientas necesarias para crecer sin límites.
¿Qué medidas deberían adoptar los sistemas educativo y sanitario para evitar esta situación?
Necesitamos que el sistema deje de ver la sordera únicamente como una cuestión médica y empiece a entenderla también como una realidad comunicativa y lingüística.
En el ámbito sanitario, el diagnóstico no puede ser el final del camino, sino el inicio de un acompañamiento real. Las familias necesitan información clara, accesible y apoyo desde el primer momento. Asimismo, en el ámbito educativo, la lengua de signos no debería ser una excepción, sino una herramienta natural. Los centros deben contar con profesionales preparados y con los recursos necesarios para garantizar que el alumnado sordo no quede aislado, sino que participe y aprenda en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras. En definitiva, se trata de que el sistema se adapte al niño o a la niña, y no al revés.
¿Qué mensaje quieren trasladar las familias con hijos sordos a la sociedad y a las instituciones?
El mensaje es claro: que no nos dejen solos. Las familias no pedimos privilegios, pedimos que se respeten y se garanticen nuestros derechos. Queremos que la sociedad entienda que un niño o una niña sorda tiene el mismo potencial que cualquier otro, siempre que cuente con las herramientas necesarias para comunicarse.
A las instituciones les pedimos que este protocolo no sea un documento más, sino que se traduzca en recursos reales en los hospitales, en más intérpretes en las aulas y en menos burocracia. En definitiva, que la lengua de signos sea una puerta abierta y no una barrera. Solo pedimos la oportunidad de que nuestros hijos e hijas crezcan con las mismas opciones que los demás, con autonomía y como ellos elijan hacerlo.
¿Cuáles son los próximos pasos para impulsar la adopción de este protocolo en todo el territorio?
El primer paso es informar y formar a todos los profesionales de nuestra red asociativa para que cuenten con las herramientas necesarias. A partir de ahí, trabajaremos codo con codo con los equipos profesionales para impulsar reuniones con las administraciones de cada comunidad autónoma. Queremos que este protocolo se convierta en una guía de referencia para que, independientemente del lugar en el que viva una familia, la ayuda y el apoyo que reciba tengan la misma calidad. Se trata de sumar esfuerzos para que la inclusión sea una realidad en todo el país.
¿Qué indicadores permitirán medir si realmente se está avanzando hacia una atención más accesible y equitativa?
Lo notaremos cuando las cosas dejen de ser una “lucha” y pasen a ser lo normal. El avance se medirá con hechos muy concretos: menos tiempo de espera para recibir ayudas, más intérpretes y mediadores en los servicios públicos, y sobre todo, familias que se sienten informadas y tranquilas desde el primer momento. Sabremos que vamos por el buen camino cuando el acceso a la lengua de signos en el hospital o en el colegio sea tan natural como cualquier otro servicio de salud o educación.
