El Pleno del Congreso ha acordado este martes por unanimidad, con 343 votos a favor, la toma en consideración de la Proposición de Ley para la atención integral de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La iniciativa, del Grupo Socialista, comenzará así ahora su tramitación parlamentaria.
La proposición de ley tiene como objetivo “racionalizar y reducir al máximo los trámites, para garantizar que no se produzcan desfases significativos entre el proceso de una enfermedad y la respuesta que se ofrece a las personas que la padecen por parte de las administraciones públicas, desde todos los ámbitos”. Para ello introduce modificaciones en normas ya existentes.
En su artículo primero se dedica a la simplificación de trámites para la acreditación de la situación de discapacidad. Para ello, se considera que presentan una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento las personas con una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez; las de clases pasiva con pensión por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; y las que tengan reconocida la situación de dependencia en todos sus grados.
El artículo 2, plantean modificar la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para que en los trámites relativos a la revisión del programa individual de atención, el grado de dependencia y la resolución del reconocimiento de la prestación se resuelva en un máximo de tres meses.
A través del artículo tercero se prevé la modificación del Real Decreto-ley 6/2022 para incluir como beneficiario del bono social eléctrico a las personas en situación de electrodependencia. Por su parte, el artículo 4 introduce modificaciones a la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para, dice la exposición de motivos, “mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales”.
Asimismo, a través de las disposiciones adicionales se insta al Gobierno a llevar a cabo un conjunto de actuaciones en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. En concreto, se trata de actualizar el catálogo de servicios de la Dependencia, incluir formación especial para profesionales del sistema de Dependencia sobre cuidados de personas con ELA y los desplazamientos de pacientes, crear de una red de centros residenciales especialmente adaptados a sus necesidades y garantizar un plazo máximo para la recepción de las prestaciones.
Una vez que el texto ha sido tomado en consideración hoy, continuará su trámite parlamentario con su remisión a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. Concluida su tramitación en el Congreso sería remitido al Senado para continuar el procedimiento legislativo.
