María Eugenia de León, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias

A finales de enero la Plataforma del Tercer Sector de Canarias presentó las conclusiones del informe ‘Tejiendo redes para el futuro del Tercer Sector de Acción Social de Canarias’, que recoge las propuestas de las entidades para el desarrollo de una futura ley del tercer sector en Canarias. María Eugenia de León es la presidenta de la plataforma y nos detalla en esta entrevista los aspectos fundamentales del documento, así como aquellos que no pueden faltar en la futura ley autonómica.

“Contar con la ley del tercer sector supondría tener como una especie de paraguas. Es la manera que tenemos para dotar de estabilidad, reconocimiento y seguridad jurídica a todas las entidades sociales”

¿Qué destacarías del informe ‘Tejiendo redes para el futuro del Tercer Sector de Acción Social de Canarias’?

Resaltaría, sobre todo, dos cosas. Una es que ha sido un proceso participativo en el que se ha dado voz a las entidades sociales y otros agentes claves como sindicatos, confederaciones empresariales y universidades de las islas. 

Se celebraron nueve mesas de trabajo, dos en Gran Canaria, dos en Tenerife y una en el resto de islas, a excepción de La Graciosa. Aquí, las entidades tuvieron la oportunidad de reunirse, conocerse y hablar de los aspectos fundamentales que debe recoger la futura ley del tercer sector de Canarias. 

Y por otra parte, destacaría también la importancia de que se constituya una mesa de diálogo del tercer sector en donde estén representados todos los agentes clave. A día de hoy, desde la plataforma, hemos llevado a cabo 5 mesas de diálogo con la Consejería de Bienestar Social pero han sido de carácter informal. Las entidades necesitamos un espacio en el que tratar diferentes temas pero, sobre todo, lo que tiene que ver con la financiación. Constituir esta mesa de diálogo supondría ir un paso más allá. 

¿Qué pasos se darán a partir de ahora?

Ahora viene el desarrollo de la ley del tercer sector que, desde la Consejería de Bienestar Social, nos transmitieron que pretenden hacerlo antes de que finalice la actual legislatura. Esto es relevante porque no tendría ningún sentido que, ante un posible cambio de gobierno o de cargos políticos, tengamos que empezar de cero todo este proceso. 

Ahora mismo, la pelota está en el tejado del gobierno y tanto la consejera de Bienestar Social como el viceconsejero de Igualdad se comprometieron públicamente a compartir con nosotros un día de trabajo para analizar a fondo las propuestas recogidas en el informe y tratar aquellos puntos que necesiten una explicación mayor. No obstante, estamos a la espera de la reunión.

También, creemos que es necesario la figura de una secretaría, con un personal de estructura, que pueda sacar adelante todo el trabajo que está por venir. De alguna manera, la plataforma del tercer sector se ha alzado como interlocutor con el ejecutivo autonómico, pero las personas que la conformamos tenemos otros trabajos y hacemos esta labor de manera solidaria o en nuestro tiempo libre. Por eso se hace necesario un equipo que pueda prestar este trabajo.

¿Cuál es el presente del tercer sector en Canarias?

Hay mucho por hacer. Ahora mismo sabemos las necesidades sociales que hay y cada vez son más acuciantes. Creo que hay trabajo para rato y muchas personas dependen del trabajo que realizamos desde la plataforma y del resto de entidades sociales.

En las asociaciones trabajamos a destajo, mañana, tarde y noche, para llegar a las convocatorias y al día a día con las personas usuarias de los proyectos. Por eso es importante contar con ese personal que comentaba antes, que pueda trabajar en todo lo que viene y que creo que debería impulsarse desde presidencia del Gobierno de Canarias. Al final hay muchas consejerías implicadas, desde Sanidad a Empleo y, evidentemente, Bienestar Social.

¿Qué aspectos imprescindibles debe recoger la futura ley del tercer sector?

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la financiación y con que las subvenciones salgan en tiempo y forma. Se han dado avances en este sentido en las mesas informales que comentaba anteriormente. 

Sin embargo, contar con una ley supondría tener como una especie de paraguas. Al final es la manera que tenemos para dotar de estabilidad, reconocimiento y seguridad jurídica a todas las entidades sociales y no estar dependiendo de reuniones o encuentros esporádicos.

¿Por qué es tan importante la estabilidad de la financiación de las entidades sociales?

Hay que entender que en los proyectos que desarrollamos las entidades se encuentran, por un lado, las personas beneficiarias y participantes del proyecto y, por otro, las personas profesionales que lo llevan a cabo. Muchas veces nos olvidamos de estas segundas y tenemos que saber que, si las subvenciones no salen en tiempo y forma como ha sucedido estos últimos años en Canarias, los puestos de trabajo de estos profesionales peligran. 

Por otro lado, que las subvenciones no salgan en los plazos previstos impacta negativamente en los proyectos de continuidad, que se van quedando por el camino. Esto implica que personas con discapacidad o con trastorno mental grave, por ejemplo, se queden sin la atención y los apoyos necesarios.

Hace tiempo estaba convencida de que las entidades del ámbito social llegábamos a donde la administración no podía llegar. Pero ahora afirmo que esto no es así y que somos parte de la estructura necesaria para que todo este trabajo salga adelante. Es clave nuestra labor y creo que hay que romper una lanza a favor de la actividad social. Siempre se habla de las subvenciones que se quedan las entidades sociales, pero todo lo que entra en nuestras organizaciones sale en forma de contratación de personal, adquisición de materiales o lo que haga falta para el desarrollo de las actividades. Todo ello se justifica y, al final, genera unos beneficios que se revierten en la propia estructura.

¿Esperan que todas las aportaciones del informe se recojan en la futura ley?

Esperemos que sí. Es verdad que quizás no se recojan tal cual las presentamos pero creo que todas son posibles de desarrollarse de forma legal. Se trata, al final, de impulsar el trabajo que se hace desde las entidades sociales y esperamos poder seguir trabajando mano a mano con la consejería, como hemos hecho hasta ahora.