El Ejecutivo prohíbe las llamadas no deseadas de las comercializadoras de electricidad e impulsa una ley que garantiza la prioridad de la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud. Además, declara zonas de emergencia las afectadas por las borrascas
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa de bienes y servicios en situaciones de emergencias.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que el objetivo de la norma es impedir que se produzcan incrementos desproporcionados o abusivos de los precios en situaciones de emergencia, como los denunciados tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). “Introducimos un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía”, ha dicho.
La norma establece que cuando se declare una situación de emergencia, el precio de los bienes y servicios no podrá superar al precio máximo que hayan tenido en los 30 días anteriores a la situación sobrevenida.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Bustinduy ha precisado que este mecanismo se activará mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, que establecerá cuáles son los servicios o productos afectados y la duración de la limitación. Asimismo, el Gobierno podrá imponer a los comercializadores la obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos. Los consumidores tendrán derecho al reintegro automático de aquellos importes cobrados en exceso respecto a los topes que se hayan podido fijar.
El ministro ha reiterado que la norma establece “las condiciones mínimas de igualdad y de respeto a los derechos de los consumidores para que su situación de potencial vulnerabilidad no se convierta en un factor de lucro añadido para unos pocos agentes económicos”. Bustinduy también ha hecho una reflexión sobre el impacto que la crisis climática tiene sobre “la cohesión de nuestras sociedades y sobre los derechos de los ciudadanos”.
Suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que es una norma que moderniza el sistema eléctrico e impulsa su transformación hacia un modelo más eficiente y sostenible. La medida refuerza la protección del consumidor, en especial del más vulnerable; fomenta y avanza en la democratización de la energía y sigue apostando por la transición energética.
La norma, ha añadido la ministra, pretende garantizar un acceso justo y transparente a la energía y reequilibrar la balanza entre el consumidor y las comercializadoras eléctricas, así como evitar las prácticas abusivas y las ofertas poco transparentes.
Fin de las llamadas no deseadas
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Sara Aagesen ha señalado que el real decreto prohíbe las llamadas telefónicas no deseadas de las comercializadoras a los hogares para hacer publicidad u ofertar contratos, salvo con el consentimiento y solicitud expresa del consumidor. Además, las llamadas serán grabadas y estarán disponibles para el cliente.
En caso de contratación, las comercializadoras tendrán que remitir al cliente las condiciones contractuales de forma clara y sencilla y con tiempo suficiente para que este valore cuáles son las alternativas y elija qué modalidad de contrato se ajusta mejor a sus necesidades.
Por otra parte, se pone fin a las penalizaciones y permanencias abusivas para los hogares, que quedarán acotadas a supuestos concretos.
La ministra ha detallado que la noma también protege a los consumidores en la refacturación. Si es a favor del consumidor, las cantidades tendrán que devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la empresa comercializadora, se hará una prorrata entre los meses donde ha habido retraso de la facturación y con un tope máximo de refacturación de un año.
Las reclamaciones se podrán hacer por escrito a través de todos los canales. Y la interrupción de los suministros no se podrá hacer ni en víspera de festivos, festivos o días en los que no estén disponibles los servicios de atención al cliente.
Protección a los consumidores más vulnerables
La ministra ha subrayado que se refuerza la protección a los consumidores más vulnerables que el Gobierno viene desplegando desde el principio (bono social eléctrico y térmico). Así, se declara una nueva categoría de suministro esencial que no se puede interrumpir en ninguna circunstancia: los hogares con personas electrodependientes. Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán prohibir la interrupción de suministro a los hogares acogidos al bono social que incurran en impago, al declararlos esenciales.
Aagesen ha trasladado que se prohíben expresamente las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social a los consumidores vulnerables. También se protege a los beneficiarios del bono social para evitar engaños con contratos supuestamente ventajosos: “El comercializador tendrá que informar expresamente al consumidor vulnerable de que el nuevo contrato va a implicar la renuncia al bono social”.
Aumento de la transparencia y democratización del sistema
La titular para la Transición Ecológica ha explicado que se empodera a los consumidores aumentando la transparencia mediante un ‘datahub’, un único punto donde se aglutina toda la información del sistema eléctrico, gestionado por el operador del sistema Red Eléctrica, que permitirá que cualquier usuario pueda acceder a la información tanto de consumo como de generación.
Para mejorar la democratización del sistema, se establecen los derechos, obligaciones y requisitos del agregador de demanda. Los consumidores podrán contratar los servicios de un agregador para que gestione su demanda de electricidad y conseguir un ahorro en su factura o algún otro tipo de contraprestación, con independencia de que mantengan un contrato con un comercializador para su abastecimiento.
Sanidad: gestión pública, papel de los pacientes y financiación de productos sanitarios
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Consejo de Ministros ha abordado tres iniciativas “nucleares” para el sistema sanitario, según ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García: el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes y un real decreto sobre productos sanitarios.
Prioridad de la gestión pública directa
La ministra ha calificado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública como “un triunfo de la sociedad civil” frente a la privatización de la sanidad pública, manifestada en prácticas que no son “casos aislados”, sino “un problema estructural”. El marco normativo ha permitido orientar la gestión de la sanidad pública hacia el beneficio económico en vez de hacia el cuidado de la salud, ha sostenido García, quien ha recordado la evidencia científica de que la privatización merma la calidad de la asistencia de los pacientes.
“Esto es a lo que esta ley viene a poner coto. Es la primera ley que establece de forma inequívoca que la gestión pública directa es la forma preferente del sistema de gestión de nuestro Sistema Nacional de Salud”, ha manifestado la ministra. La norma prohíbe expresamente las concesiones a través de las cuales una administración encarga a una empresa la construcción de un hospital y le paga durante 20, 30 o 35 años un canon que repercute en los presupuestos públicos, con “sobrecostes que son absolutamente inaceptables”, ha destacado Mónica García.
La ministra ha apuntado como un “gran avance” que la gestión indirecta quede limitada a casos excepcionales, cuando se demuestre que un servicio no se puede prestar directamente desde los servicios públicos, que financieramente es viable y que no perjudica ni al interés social ni al propio sistema público. García ha aclarado que la ley no va en contra de fórmulas sin ánimo de lucro ni contra los modelos de colaboración público-privada “sanos”. Lo que se excluye -ha precisado- son los modelos que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con ánimo de lucro. Además, cualquier iniciativa en ese sentido tendrá que someterse a una evaluación rigurosa, y externalizar cualquier servicio exigirá demostrar que no puede prestarse con medios propios.
La norma busca también reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de la gestión sanitaria. Todos los centros sanitarios estarán sujetos a las mismas exigencias de información pública, con independencia de su modelo de gestión. “Cada euro público deberá explicarse en términos de salud”, ha subrayado la titular de Sanidad. Otra clave de la ley es que facilita la reversión a la gestión pública tras la finalización de un contrato, ya que establece procedimientos claros, así como el apoyo técnico para que se realice con seguridad jurídica.
En definitiva, ha resumido Mónica García, la norma “acaba con los modelos de concesión de obra y servicios que convierten la atención en un negocio y establece, de una vez por todas, que la sanidad pública se gestiona para cuidar mejor y no para ganar dinero”.
Reconocimiento del papel de los pacientes
El objetivo del segundo anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros, el de la Ley de las Organizaciones de Pacientes, parte de la premisa de que el sistema sanitario no puede adoptar decisiones al margen de la voz de los pacientes, según ha explicado Mónica García.
Con la nueva norma, esa voz pasa de ser un elemento informal, voluntarista o puntual a integrarse en un marco jurídico que reconoce los deberes y los derechos de las organizaciones de pacientes. Estas deben explicar, por tanto, cuál es su financiación y sus posibles conflictos de intereses para poder participar en la toma de decisiones, desde el establecimiento de estrategias a la evaluación de tecnologías sanitarias o de investigación clínica.
La ministra ha resaltado que la norma da espacio también a las organizaciones de pacientes pequeñas, por ejemplo, las de quienes sufren enfermedades raras.
Financiación equitativa y sostenible de los productos sanitarios
Por último, el Gobierno ha actualizado la regulación sobre la financiación y la evaluación de los productos sanitarios. La titular de Sanidad ha señalado que la falta de este real decreto ha llevado, en ocasiones, al desabastecimiento de estos productos, que se venden en las farmacias y abarcan desde bolsas de orina o sondas a material para las curas y pañales.
El texto, que sustituye a la normativa vigente desde 1996, “pone el foco en el valor de la salud y no en la lógica del mercado y garantiza que los productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud mejoran la vida de las personas y lo hacen de manera equitativa y sostenible”, según ha manifestado Mónica García.
Declaración de zonas afectadas por emergencia para territorios azotados por las borrascas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha declarado como “zonas afectadas por una emergencia de protección civil” los territorios afectados por las borrascas que se han sucedido en diferentes comunidades autónomas entre el 10 de noviembre y el 10 de febrero. Saiz ha avanzado que el próximo Consejo tiene previsto aprobar un nuevo decreto con medidas específicas para “contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental que está sufriendo nuestro país”.
En este contexto, la portavoz ha subrayado la importancia de combatir el cambio climático “como lo está haciendo este Gobierno”. “En estos 8 años hemos enfrentado sequías, inundaciones, DANAS y borrascas muy agresivas que están poniendo en jaque nuestras prioridades. No es momento de mirar hacia otro lado y, mucho menos, de negar las consecuencias climáticas que tanta gente está sufriendo en sus propias carnes”.
Tanto la portavoz como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han destacado el trabajo del Ejecutivo para afrontar la emergencia climática y los retos que plantea, con iniciativas como la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental aprobada en enero de 2020 y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática presentado en diciembre de 2025.
Ambas ministras han incidido en que es imprescindible la unidad y el trabajo conjunto entre administraciones para anticiparse y dar respuesta a los efectos de los episodios meteorológicos extremos, que cada vez son más frecuentes. Como ejemplo, han recordado que se han desplegado 10.000 efectivos, día y noche, en perfecta coordinación con la Junta de Andalucía, con las diputaciones y con los municipios para afrontar los efectos de las borrascas y velar por la seguridad de los ciudadanos.
Aagesen y Saiz han trasladado un mensaje de apoyo a los familiares de los fallecidos, a los vecinos de los municipios afectados y a los servidores públicos, que están respondiendo sin descanso para proteger a la ciudadanía, y han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante la próxima borrasca, Nils.
Además, Elma Saiz se ha referido expresamente a los dos trabajadores fallecidos como consecuencia del temporal en Cádiz y Ávila.
Compromiso renovado con el desarrollo sostenible
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
El Consejo de Ministros ha aprobado la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, una iniciativa definida por Pablo Bustinduy como “la respuesta de nuestro país a un mundo en el que se suceden las emergencias, las restricciones de derechos y libertades y la involución en materia de transición ecológica”.
El ministro ha remarcado que España ha pasado del puesto 30 en el año 2016 al 14 en el año 2025 en cuanto a cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Bustinduy ha detallado que se han producido avances en 11 de las 17 metas, lo que “refleja realidades objetivas” en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, la mejora del sistema de protección social, mayores índices de ocupación y mejor calidad en el empleo, el despliegue de las energías renovables, el descenso de las emisiones de efecto invernadero y la transformación de las estructuras productivas.
La revisión de la estrategia busca reforzar el compromiso de España con el cumplimiento de los ODS y se concreta en cuatro grandes retos relativos al fortalecimiento del Estado del bienestar, el desarrollo de un sistema económico circular, la garantía de una vertebración territorial que favorezca la cohesión social y la lucha contra cualquier forma de desigualdad y discriminación. Para avanzar en esa hoja de ruta, se fijan objetivos concretos para el año 2030: la adopción de una prestación para erradicar la pobreza infantil, la inversión en el parque público de vivienda, la reducción de la brecha salarial de género y del abandono escolar y el aumento de las tasas de participación laboral y educativa de las personas con discapacidad.
El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha contrapuesto el modelo de quienes atacan el derecho internacional y el multilateralismo y el del Gobierno, sintetizado en la estrategia y plasmado en medidas como la subida del salario mínimo y las pensiones y la regularización de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras “que viven en este país y, por tanto, deben tener derechos”.
Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Elma Saiz ha informado sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de una declaración con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero. “España está cambiando, pero aún queda camino para que se ponga en valor la aportación de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico”, ha asegurado la portavoz, que ha citado el último informe “Científicas en cifras 2025”, según el cual, por primera vez, hay paridad real en la Administración Pública.
“Sin embargo, hemos de ser realistas: en el sector privado la presencia femenina cae al 31% y en la universidad la brecha persiste, sólo hay un 28% de alumnas en ingeniería y un 17% en informática”, ha advertido. Así, el texto de la declaración recoge el compromiso del Gobierno para “seguir contribuyendo a acelerar cambios sociales, culturales y organizacionales capaces de garantizar entornos de trabajo igualitarios, diversos e inclusivos, y conseguir así que mujeres y hombres dispongan de las mismas oportunidades para construir un proyecto de vida en torno a la I+D+I”.
Actualidad: Balance de consultas atendidas por la Seguridad Social
La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha celebrado durante su intervención el balance de consultas de la ciudadanía atendidas por la Seguridad Social en 2025, que supera los 290 millones de atenciones, con 223 millones de gestiones automatizadas incluidas. Esta cifra demuestra, según Saiz, que la modernización que se le requería a la Administración “ha dado sus frutos de una forma muy rápida”.
Como ejemplos, la ministra ha citado el informe de vida laboral, que ha superado los 110 millones de consultas, y las simulaciones de la futura pensión de jubilación, que casi alcanzan los 29 millones. Se han registrado, además, 3 millones de tarjetas sanitarias europeas expedidas. “El volumen total de atención y trámites se ha incrementado en más de un 35% respecto a 2024 y cerca de un 65% si lo comparamos con 2023”, ha detallado Saiz, que ha calificado estas gestiones como “una labor fundamental” de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, “que muchas veces pasa desapercibida”.
