El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la dilación injustificada de Adif en la ejecución de las obras de accesibilidad de la estación ferroviaria de Tardienta, en la provincia de Huesca, que continúa prestando servicio en condiciones que no garantizan la accesibilidad universal.
La estación de Tardienta cuenta con un proyecto de accesibilidad licitado en el año 2021 por Adif, con un presupuesto aproximado de 2,8 millones de euros, que únicamente fue ejecutado en torno a un 17 %, quedando paralizadas desde entonces las actuaciones esenciales para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a este servicio público de transporte.
Entre las actuaciones pendientes figuran la instalación de ascensores que comuniquen el paso subterráneo con el andén central, la renovación integral de los andenes con pavimentos accesibles y señalización adaptada, la remodelación de la plaza exterior con accesos urbanizados y plazas reservadas, la mejora de accesos peatonales, iluminación y mobiliario, así como la adecuación del edificio de viajeros, incluidos vestíbulo, taquillas, sistemas de información y aseos adaptados.
Cuatro años después de la paralización de las obras, Adif ha anunciado en 2025 la reactivación del proyecto, señalando que será necesario un plazo de hasta 18 meses para actualizar la redacción antes de su ejecución efectiva, un horizonte temporal que el CERMI considera desproporcionado e injustificado, máxime cuando existe ya un proyecto previo parcialmente ejecutado y la estación sigue operativa en condiciones de exclusión.
En su escrito al Defensor del Pueblo, el CERMI solicita que se valore si el plazo anunciado por Adif es compatible con las obligaciones legales en materia de accesibilidad universal y que, en su caso, se inste a la entidad ferroviaria a acortar los plazos administrativos y a calendarizar con mayor concreción la ejecución real de las obras pendientes, garantizando que la estación alcance en un plazo razonable condiciones de accesibilidad plena y no discriminatoria.
Desde el CERMI se advierte de que esta situación podría suponer una vulneración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la normativa estatal de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, por lo que reclama a las administraciones públicas diligencia y responsabilidad para eliminar barreras y asegurar el derecho de todas las personas a un transporte público accesible.
