El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el perenne déficit de participación del que adolece el sistema nacional de salud, en el que los pacientes y otros usuarios cualificados, como las personas con discapacidad, siguen en un segundo plano.
En estos términos se ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, al analizar desde la plataforma global de la discapacidad la reciente Ley 7/2025, de 28 de julio, ha dado origen a la Agencia Estatal de Salud Pública, en el que la presencia y participación de la sociedad civil es inexistente.
A juicio del CERMI, el ministerio de Sanidad está lejos de asumir que se necesita un giro de timón en la gobernanza del sistema de salud, poniendo en práctica diseños y estrategias de participación efectiva que sumen a las asociaciones de pacientes y de personas con discapacidad a los foros y procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria.
Hoy el sistema nacional de salud, afirmó el presidente del CERMI, es el dispositivo público menos abierto a la cogobernanza con sus grupos de interés, estando anclado en concepciones jerárquicas y unidireccionales, donde la ciudadanía solo es considerada desde un enfoque pasivo, de receptora de las decisiones y vías de hecho de otros.
La Ley de la Agencia de Salud Pública es un vivo retrato de esa mentalidad privativa y cerrada, empobrecedora y restrictiva, en el que “el poder” no se comparte, quedando en manos de las mismas instancias. Para el CERMI, el equipo directivo del ministerio de Sanidad ha defraudado a la sociedad civil, una vez más.
