El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Justicia a completar sin más demora la regulación de la figura de personas facilitadora procesal, instrumento esencial para hacer efectivo el derecho de acceso a la Justicia de muchas personas con discapacidad.
Así se ha manifestado hoy en Ciudad Real, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en el acto de presentación del programa de facilitación procesal promovido por la Diputación Provincial, la Audiencia Provincial y la entidad social Laborvalía.
Aunque recogida en las leyes procesales desde hace unos años, la facilitación procesal no dispone de un desarrollo normativo completo, que la defina y configure en el ámbito jurisdiccional y preprocesal, con regulación de su elenco de funciones, su posición en los distintos procesos y los requisitos de acceso para su desempeño, así como su financiación dentro del sistema de la Administración de Justicia.
Según el presidente del CERMI, la regulación de las condiciones básicas de la persona facilitadora procesal en el ámbito jurisdiccional y preprocesal es imprescindible, para evitar la confusión normativa a la que estamos asistiendo, con crecientes Comunidades Autónomas que están abordando la figura, sin que el Estado, con competencia exclusiva en materia procesal, haya delimitado bien este recurso.
Para el CERMI, el reparto competencial es claro, al Estado le corresponde la regulación de la dimensión procesal de la figura, y a las Comunidades Autónomas, la dimensión social de la misma.
