El último informe de EAPN-ES sobre ‘El estado de la pobreza en España’ destaca que un 32,9% de las personas con discapacidad se enfrentan a la precariedad económica y a la exclusión social, lo que supone una cifra superior a la media del resto de la población
Plena inclusión pide que la reforma de la Ley de Dependencia incluya la supresión del copago, exigencia legal que aumenta el sobresfuerzo económico de miles de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
Desde el movimiento asociativo de Plena inclusión se alerta del aumento del riesgo de caer en la exclusión social y la pobreza para miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. Una de cada 3 personas con discapacidad (32,9%) vive en España en situación de pobreza o exclusión social, según constata el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES). De acuerdo con este estudio que acaba de publicarse, las personas con discapacidad tienen más posibilidades que el resto de la población de enfrentarse a una vida precaria. Esta situación, señala el informe, además se agrava durante la etapa laboral para el 40,7 % de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años.
Plena inclusión España, una organización que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias, denuncia que el copago y la dificultad de acceso a la vivienda son dos factores que incrementan las posibilidades de caer en la pobreza y la exclusión social para miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Respecto al copago, desde Plena inclusión se pide desde hace años que la reforma de la Ley de Dependencia contemple su desaparición.
La confederación que agrupa a más de 950 asociaciones que dan apoyo a estas personas en todo el país, reclama medidas urgentes como:
- La eliminación del copago: Plena inclusión denuncia que este sistema impone una carga económica injusta sobre las familias, que ya asumen altos costes derivados de la discapacidad. Esta situación genera desigualdad en el acceso a servicios de apoyo y reduce la calidad de vida de las personas y sus familias.
- El reconocimiento del sobreesfuerzo económico que enfrentan buena parte de las familias en las que uno de sus miembros tiene discapacidad intelectual. Y todavía más en aquellas con personas con más necesidades de apoyo. Según un estudio de Plena inclusión y el INICO (Universidad de Salamanca), las familias con hijos e hijas con grandes necesidades de apoyo asumen entre 24.000 y 47.000 euros anuales. Esta cifra incluye gastos en salud, educación, atención especializada, adaptaciones en el hogar y otros costes indirectos.
- Acceso a viviendas accesibles y asequibles, como condición necesaria para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma autónoma y elegida, fuera de entornos institucionales.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explica cómo la precariedad y la exclusión afecta en mayor medida a las familias de las personas con discapacidad intelectual:
“La pobreza recorta derechos e impide muchas veces tomar decisiones sobre cómo vivir. El copago es una barrera económica y social, lo hemos dicho muchas veces. Por esa razón, exigimos una financiación pública justa y accesible que garantice la igualdad y el acceso a los derechos que tiene el resto de la ciudadanía”.
