Más de 100.000 familiares de personas con discapacidad intelectual reciben apoyos de Plena inclusión para conciliar su día a día

Gracias a los servicios de conciliación, estas familias pueden mejorar su acceso al empleo, la formación, el autocuidado y la prevención de problemas de salud mental

Plena inclusión, que cuenta con servicios de conciliación prestados por sus 950 entidades, pretende sensibilizar a las administraciones públicas sobre la importancia de dotar de una financiación suficiente para un derecho ciudadano fundamental

¿Qué pasaría si Plena inclusión dejara de existir? Pues que el Día Nacional de la Conciliación, que tendrá lugar en menos de un mes, no sería más que una fecha sin contenido para más de 100.000 familiares de personas con discapacidad intelectual que reciben ahora el apoyo de esta confederación formada por 950 asociaciones.

La conciliación es un derecho ciudadano que garantiza el mejor cuidado a quienes están, a diario, al lado de las personas con discapacidad intelectual. Pero, además, incentiva el empleo, previene problemas de salud y facilita que estos seres queridos puedan acceder a una vida más plena. A partir de la experiencia de 60 años prestando apoyos a miles de familias con personas con discapacidad a su cargo, se constata que estos sobreesfuerzos revierten en un desgaste personal, laboral y social.

“El derecho a la conciliación familiar y social ha sido reconocido en nuestro país, en los últimos años, como un logro democrático. Entonces: ¿Por qué cuesta tanto entender que las familias que tenemos a personas con discapacidad intelectual a nuestro cargo, también tenemos derecho al descanso, al ocio o a desarrollar nuestra profesión?”, se pregunta Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España y madre de un joven con autismo y muchas necesidades de apoyo.

Esta confederación, que gestiona 4.000 centros y servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país, desarrolla desde hace varias décadas programas de conciliación que se financian en su mayoría con fondos públicos. “Necesitamos que las administraciones entiendan la conciliación como una inversión social, como un ejercicio fundamental de corresponsabilidad que implica el sostenimiento económico de estos programas. Al tiempo, necesitamos profesionales comprometidos que quieran trabajar en este ámbito, a los que se les deben asegurar condiciones de trabajo dignas y bien remuneradas”, explica Laucirica.

De acuerdo con una encuesta de 2024, realizada por Plena inclusión a 1.900 familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otros), en un 83% de los casos son las mujeres quienes se ocupan de los cuidados. De estas, 68% son madres, un 12% hermanas, y un 3% cuñadas o sobrinas. El movimiento asociativo de Plena inclusión impulsa programas de conciliación en todo el país, en los que participan familiares de parte de las 150.000 personas con discapacidad intelectual a las que acompaña. Se trata de acciones fundamentales para que la tarea de cuidar no se convierta en una pesada carga que implique agotamiento físico y psicológico.

Por otro lado, la conciliación resulta esencial para las personas con más necesidades de apoyo y sus familias. En el estudio ‘Todos Somos Todos’, realizado en 2017 por la Universidad de Salamanca, se evidencia la escasez de las ayudas públicas que reciben las familias de personas con grandes discapacidades, dificultades de comportamiento, problemas de comunicación, problemas de salud mental, etc.

Ejemplo de colaboración positiva

Un ejemplo positivo y reciente es la colaboración que han acordado el Ayuntamiento de Barcelona y Dincat-Plena inclusión Catalunya. El convenio, que supone una inversión de 300.000 euros en 2025 y que ha sido firmado hace tan sólo unos días, asegura la conciliación social para casi 450 familias de personas con discapacidad intelectual. Por un lado, ofrece apoyo a las familias en momentos puntuales en el domicilio para garantizar una atención de calidad y evitar la sobrecarga de cuidados a los familiares y facilitar la conciliación familiar y social. Y, por otro, consigue que las personas con discapacidad puedan realizar “escapadas” comunitarias o actividades de ocio y culturales.