El CERMI exige que la gestión de emergencias se planifique con criterios de accesibilidad y derechos humanos. • Se reclama un cambio estructural en las políticas de emergencias, incluyendo la aprobación de planes inclusivos, recopilación de datos específicos y una mayor colaboración entre entidades y Administraciones.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de su Red de Defensa Legal de la Discapacidad, ha clausurado el seminario “La dimensión social de las emergencias y catástrofes: Gestión preventiva para minimizar el impacto en las personas con discapacidad”, donde expertos y entidades del sector han reclamado protocolos accesibles y una mayor coordinación para evitar situaciones de exclusión en emergencias.
Así, lo declaró en la clausura Mª Carmen Sacacia, vicepresidenta del CERMI y presidenta de FIAPAS, quien subrayó la necesidad de replantear las políticas de emergencias para trascender la respuesta inmediata y garantizar la protección real y efectiva de las personas con discapacidad, “La gestión de emergencias no puede limitarse al aquí y ahora. Debemos mirar más allá, anticiparnos y garantizar que las personas con discapacidad tengan una respuesta adaptada en todas las fases: prevención, impacto y recuperación. No se trata solo de estabilizar la emergencia, sino de asegurar que, tras una catástrofe, nadie quede desamparado”, afirmó.
Durante la jornada de trabajo, Pablo Navajo, de Cruz Roja Española, insistió en su intervención en que las emergencias no pueden abordarse exclusivamente desde un enfoque técnico o infraestructural, sino que deben incorporar medidas concretas para atender la diversidad de necesidades de la población. “Las catástrofes naturales y crisis humanitarias no afectan a todas las personas por igual. La falta de accesibilidad y protocolos inclusivos puede convertir una emergencia en una barrera insalvable para miles de personas con discapacidad”, advirtió.
Desde una perspectiva territorial, Luis Vañó Gisbert, presidente de CERMI Comunidad Valenciana, compartió las lecciones aprendidas tras las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana y anunció la necesidad de desarrollar un Plan de Emergencias Inclusivo en la región. “La brecha entre la normativa y su aplicación efectiva ha quedado en evidencia. Este documento debe servir como referencia para que la gestión de futuras emergencias garantice la dignidad, inclusión e igualdad de oportunidades de todas las personas”, afirmó. Vañó insistió en que la accesibilidad en la información, la evacuación y la provisión de asistencia son aspectos esenciales que deben abordarse con urgencia.
Perspectiva europea e internacional
Con un enfoque internacional, Gordon Rattray, del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), aportó una visión comparada sobre las emergencias y la discapacidad en el contexto europeo. Señaló que, a pesar de los avances normativos, muchos países aún carecen de protocolos efectivos. “Las emergencias deben abordarse con una estrategia de doble vía: garantizar medidas universales de accesibilidad y, al mismo tiempo, desarrollar acciones específicas para colectivos con mayores barreras”, afirmó. También denunció que la falta de datos desagregados sobre discapacidad en crisis impide evaluar el impacto real y diseñar respuestas adecuadas
Gregorio Saravia Méndez, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, y Sara de Torres, de la Fundación CERMI Mujeres, presentaron un análisis sobre los estándares internacionales en emergencias y discapacidad. Ambos coincidieron en que España debe adoptar como referencia las directrices internacionales y convertirlas en medidas concretas. “No basta con tener normas, hay que aplicarlas con rigor y garantizar que las personas con discapacidad sean protagonistas en su implementación”, concluyeron. En el ámbito de género, Sara de Torres, subrayó la necesidad de aplicar una perspectiva interseccional en la gestión de emergencias, considerando el impacto diferenciado en mujeres y niñas con discapacidad.
A continuación, María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, ofreció una visión completa del papel del tercer sector en la gestión de emergencias, destacando la necesidad de una colaboración estrecha entre el sector y las Administraciones, así como la importancia de la preparación, la inmediatez y la confianza para garantizar una respuesta eficaz a las personas más vulnerables. Y subrayó la importancia de eliminar barreras burocráticas, “tenemos que reducir la violencia administrativa y el estigma social, es clave la coordinación entre las entidades con la Administración pública”.
El evento incluyó un debate moderado por Ana Peláez Narváez, secretaria general del EDF, en el que participaron líderes del movimiento de la discapacidad, como Concepción Díaz Robledo (FCM), Daniel-Aníbal García-Diego (Igualis), Ana Cabello, (Daño Cerebral Estatal ) Fran Sardón Peláez (Impulsa Igualdad) y Javier Luengo (CERMI Madrid).
Desde la Fundación CERMI Mujeres, Concepción Díaz Robledo destacó la urgencia de garantizar la seguridad y protección de mujeres y niñas con discapacidad en situaciones de crisis, mientras que Ana Cabello alertó sobre la invisibilidad del daño cerebral adquirido en los planes de emergencia y la falta de formación del personal de rescate. Fran Sardón Peláez insistió en la necesidad de aplicar criterios de accesibilidad universal en todos los protocolos de actuación, y Javier Luengo señaló que la falta de planificación provoca respuestas improvisadas que dejan atrás a las personas con discapacidad. Además, Daniel-Aníbal García-Diego y Fran Sardón coincidieron en que es fundamental que los planes de emergencia cuenten con la experiencia de las entidades del sector para garantizar su efectividad, evitando situaciones de exclusión como las vividas durante la pandemia y la reciente DANA en la Comunidad Valenciana.
Conclusiones y clausura
La clausura corrió a cargo de Mª Carmen Sacacia, vicepresidenta del CERMI y presidenta de FIAPAS, subrayó la urgencia de replantear las políticas de emergencias desde una perspectiva que trascienda la respuesta inmediata y garantice la protección real y efectiva de las personas con discapacidad. “Las devastadoras emergencias recientes, desde la DANA en Valencia hasta la erupción del volcán de La Palma, han evidenciado las barreras estructurales y la falta de previsión en la gestión de crisis. No podemos seguir permitiendo que más de cuatro millones de personas en España queden expuestas a mayores riesgos por falta de accesibilidad”, afirmó.
Sacacia puso el foco en la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad auditiva en contextos de emergencia, alertando sobre la falta de visibilidad y reconocimiento de sus necesidades específicas. Insistió en la necesidad de contar con sistemas de comunicación accesibles, que incluyan subtitulado, interpretación en lengua de signos, recursos tecnológicos en tiempo real y un acceso universal al 112 sin necesidad de registro previo. Además, destacó que es imprescindible la formación de los profesionales de seguridad y emergencias para garantizar que puedan actuar de manera efectiva ante situaciones de riesgo que involucren a personas con discapacidad.
