La confederación que agrupa a 950 asociaciones de toda España ha participado del Grupo Técnico de AT aportando propuestas, algunas de las cuáles quedan por concretar desde el Gobierno
Plena inclusión defiende que “este debe ser sólo el primer paso hacia la garantía efectiva del derecho a la Atención Temprana”
Desde Plena inclusión España se ha valorado el avance que supone la consecución del Consenso Estatal para la mejora de la Atención Temprana (AT) a través del despliegue de los objetivos, medidas y estándares de calidad. Lo conseguido, afirma, llega como resultado del trabajo del Grupo Técnico de Atención Temprana, del que Plena inclusión ha formado parte.
Desde la confederación que agrupa a 950 asociaciones desde las que se apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias se entiende este logro como fruto del diálogo territorial, implicación de administraciones estatales y autonómicas competentes y la sociedad civil del ámbito de la infancia, discapacidad y otros grupos de profesionales, aunque Inés Guerrero, responsable de Atención Temprana de Plena inclusión España defiende que “debe ser sólo el primer paso hacia la garantía efectiva del derecho a la atención temprana”.
Tal y como recoge el ‘Informe sobre la situación de los centros y servicios de Atención Temprana’, publicado por Plena inclusión en 2024, se aprecia una necesidad urgente de transitar hacia una armonización de los servicios de AT entre las CCAA y dentro de las mismas para evitar situaciones de desigualdad entre niños/as que, con condiciones de desarrollo similares, pueden no estar recibiendo los mismos apoyos. Debe asegurarse la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, especialmente entre las consejerías de una misma comunidad autónoma, y la coordinación entre las propias entidades prestadoras de los
servicios.
En el ámbito estatal, existe una heterogeneidad y falta de regulación en relación con la Atención Temprana. A pesar de disponer de un marco científico cada vez mayor sobre el desarrollo humano y la importancia de los apoyos en esta primera etapa vital, aún no se ha alcanzado la plena implementación de las prácticas basadas en la evidencia ni existe una igualdad de oportunidades en el acceso a la AT en las distintas Comunidades Autónomas.
La recomendaciones y desafíos, aún pendientes de cumplirse que Plena inclusión plantea a las administraciones públicas se concretan en:
– Garantizar la accesibilidad, universalidad y gratuidad de la AT, no sólo en el plano normativo, sino también el despliegue real de estas normas.
– Establecer una visión compartida de la Atención Temprana y un marco conceptual común a nivel estatal, alineado con la evidencia científica.
– Diseñar sistemas de financiación de los recursos flexibles, que permitan apoyos en el entorno, y aseguren la sostenibilidad de los servicios.
– Seguir desarrollando directrices y procedimientos claros y compartidos por todas las Comunidades Autónomas en torno a cuestiones como: criterios de elegibilidad, calidad de los servicios, estándares de desarrollo de competencias de los/as profesionales, etc.
– Generar un itinerario de formación especializada y continua para los y las profesionales de AT, que garantice el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia y en la ética.
– Garantizar unas buenas condiciones laborales y reconocimiento para los equipos profesionales.
Desde Plena inclusión se señala que esta publicación debe ser un punto de inflexión que marque la diferencia y contribuya decisivamente a la homogeneización de los servicios de AT y a la mejora de la calidad de estos. “Será en cualquier caso imprescindible realizar un seguimiento del desarrollo del acuerdo y de su plasmación sobre la actividad de los servicios de AT. La existencia de servicios de AT armonizados y de calidad es la única garantía del respeto de los derechos de los niños y niñas con discapacidad intelectual y sus familias”, explica Inés Guerrero.
