En la jornada internacional “CRPD European Monitoring Frameworks Teams Meeting, to know each other”
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto su papel como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de Discapacidad ante otras estructuras análogas de países de la Unión Europea, explicando las singularidades del modelo español de vigilancia de la aplicación de este tratado internacional de derechos humanos.
La presentación del CERMI tuvo lugar en el marco de la jornada “CRPD European Monitoring Frameworks Teams Meeting, to know each other (“Mutuo conocimiento de los mecanismos europeos de seguimiento de la Convención de la ONU de Discapacidad)”, convocada el Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Me-CDPD) de Portugal, en la que han participado asimismo representantes de los de Austria, Finlandia, Irlanda, República Checa, Lituania y Portugal.
El CERMI, a través de su Delegación de Derechos Humanos y para la Convención, hizo una breve presentación de su estructura como organización social formada por organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en España.
Asimismo, el Delegado del CERMI definió a esta plataforma como “entidad apartidista que opera con plena autonomía e independencia de las autoridades, partidos políticos, grupos de presión, agentes sociales y empresas”. Y agregó que “la articulación efectiva del movimiento de defensa de la discapacidad alcanza la dimensión territorial con el establecimiento y funcionamiento de los CERMI autonómicos en todas las Comunidades Autónomas”.
Durante la jornada de trabajo, los diferentes intervinientes abordaron cuestiones relativas al funcionamiento de los mecanismos independientes de monitoreo tales como su número de miembros, su presupuesto, la duración de los mandatos o los planes de trabajo.
Asimismo, se recordó que el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su tercer párrafo, afirma la necesidad de la participación de la sociedad civil (especialmente personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad) en todos los niveles de monitoreo.
En virtud de ello, el CERMI recordó que, en España, fue designado oficialmente en 2011 por el propio Estado como mecanismo independiente, tres años después de la entrada en vigor de la Convención. Uno de los principales beneficios de esta designación ha sido y es la notoriedad y relevancia que otorga, así como la visibilidad nacional e internacional.
Durante el transcurso de la sesión de trabajo, también hubo tiempo de incluir consideraciones acerca de las metodologías, estrategias y buenas prácticas que deben incorporar los mecanismos.
Tal como sostuvo el Delegado del CERMI, “como mecanismo independiente, hemos buscado establecer alianzas con diversos sectores públicos y privados, lo que ha llevado a acuerdos de colaboración con universidades, centros de investigación, instituciones públicas y organizaciones en el ámbito de los derechos humanos. La construcción de alianzas es un sello distintivo de nuestro mecanismo”.
Además, agregó que “anualmente elaboramos un Informe de Derechos Humanos y Discapacidad, que compartimos con diversos actores y enviamos al Comité de Expertos de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este informe proporcionamos datos actualizados sobre violaciones de los artículos de la Convención en España, así como avances logrados y propuestas de mejora desarrolladas”.
La intervención del Delegado finalizó destacando que entre los logros más importantes de España, donde CERMI ha jugado un papel clave, está la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, eliminando el término “disminuidos” y reemplazándolo por “personas con discapacidad” y estableciendo que los poderes públicos promoverán políticas que aseguren la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles, prestando especial atención a las necesidades específicas de mujeres y menores con discapacidad.
Tal como puso de relieve el representante del CERMI, “en los últimos años, la sociedad española, con el apoyo de organizaciones de personas con discapacidad, ha conseguido avanzar en asuntos tan importantes como la erradicación de la esterilización forzada de mujeres con discapacidad judicialmente incapacitadas, la reforma de la Ley Electoral para reconocer el derecho al voto de las personas con discapacidad, la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en bienes y servicios, o la reforma de la legislación civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.
El encuentro terminó con la puesta en común de una serie de grandes retos actuales para los diversos movimientos sociales de las personas con discapacidad en Europa -tales como los usos discriminatorios de la inteligencia artificial, la falta de accesibilidad en el mundo digital, la ausencia de un sistema efectivo de asistencia personal para garantizar la vida independiente, la carencia de un sistema educativo verdaderamente inclusivo o la falta de un mercado laboral inclusivo- y el papel que están llamados a jugar los mecanismos de monitoreo para que se avance en el cumplimiento de la Convención en los distintos Estados europeos obligados a ello.
