En vísperas del Día de la Discapacidad, la confederación que agrupa a 950 asociaciones y gestiona 4.000 centros y servicios reivindica la dignificación del sector de los cuidados
Enrique Galván, director de Plena inclusión España: “En el año 2025 nos enfrentamos a la situación más crítica en términos de sostenibilidad para las entidades de Plena inclusión de los últimos 15 años”
Plena inclusión, la red española más importante que presta servicios y apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down), alerta de la crítica situación a la que se enfrenta el sector. La organización, que en 2024 ha cumplido 60 años de existencia y que reúne a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, ha lanzado un SOS. “Vivimos una crisis desconocida desde la que azotó al Tercer Sector en el periodo comprendido entre 2008-2012” explica Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Y prosigue: “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025 la amenaza de cierre sobrevuela como una realidad para asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”.
Con el fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a responsables políticos y a la sociedad española, Plena inclusión ha lanzado la campaña #SinRecursosNOhayCuidados que se estrena en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y planta sus bases teóricas en el documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.
Contexto preocupante
La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia, y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan un contexto poco esperanzador. Un escenario de ajuste presupuestario y la pretensión del Gobierno de fijar como prioridad la lucha contra el déficit pueden suponer el abandono de la posibilidad de compensar la infrafinanciacion histórica de las entidades sociales.
Desde Plena inclusión se señalan otros síntomas preocupantes:
• Las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, que eran tan frecuentes a principios de la década de los 2000, se han eliminado prácticamente en todos los presupuestos autonómicos. A pesar de ello, las entidades se ven obligadas a financiar medidas de transformación digital, o de transición climática con cambio de sistemas de movilidad, refrigeración y calefacción, etc.
• A partir de enero se prevé un aumento de costes salariales que rondará el 12%. Y pese a esa esperada elevación salarial, se seguirá sin contar con unas condiciones laborales dignas para el sector. La realidad muestra una fuga continua de talento y profesionales a espacios de mejor remuneración. Personas comprometidas con el proyecto social se ven expulsadas de sus empleos y tienen que buscar otras opciones porque los salarios que nuestro sector pueden ofrecer no son competitivos.
• Nuestras organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios plaza, que a través de conciertos o contratos paga la administración por el servicio y que se ha estimado que están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real. Eso sí, desde las administraciones se sigue aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada, planes de apoyo conductual o tecnología disponible; tal como arroja el nuevo marco de acreditación de servicios que plantea exigencias que compartimos, pero que no garantizan apoyos suficientes sobre los recursos a movilizar.
• A todo lo descrito hay que sumar: un marco regulador rígido y dañino, como la ley de desindexación, que justifica la no elevación de precios y su ajuste a los costes reales; el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas del mismo; el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal como sistemas de ciberseguridad, compliance, etc.
“El comportamiento de las administraciones autonómicas, exceptuando algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación.
Dichas administraciones son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellos gestionan tienen un coste superior a un 30% de los recursos económicos para su funcionamiento”, abunda Enrique Galván. “Todo lo anteriormente mencionado supone un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias. Se precisa de manera urgente una estrategia sostenida de inversión social para apuntalar este cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy, desgraciadamente, se tambalea”, puntualiza Galván.
